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Cientos de personas exigen en Puerto Príncipe trabajo, comida y servicios básicos

Tribunal Supremo de Suiza rechaza devolver a Haití el dinero de Baby Doc

Los delitos que se le imputan al ex dictador prescribieron, se argumenta en la sentencia

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Una menor captada en la localidad de Gros Morne, unos 170 kilómetros al noreste de la capital. Esta es una de las muchas ciudades de Haití que han recibido parte del éxodo de unas 500 mil personas tras la devastación que dejó el terremoto en Puerto PríncipeFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de febrero de 2010, p. 21

Zurich, 3 de febrero. El Tribunal Supremo de Suiza rechazó la devolución del dinero del ex dictador haitiano Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) a Haití al considerar que los delitos que le imputaban prescribieron, pero el gobierno suizo renovó los intentos de confiscarle los 5.7 millones de dólares al solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores diseñar una legislación para finales de febrero que lo haga posible.

Según la sentencia del tribunal, dictada el pasado 12 de enero –horas antes del terremoto que devastó el país caribeño aquel día– los delitos que se le imputan a Duvalier (1971-1986) han prescrito, al rechazar una decisión del ministerio suizo de Justicia de que el dinero debía destinarse íntegramente a la población haitiana, de acuerdo con una acción emprendida en febrero de 2009.

La familia de Duvalier recurrió esta decisión y ahora el tribunal ha estimado que no hay base legal para la devolución del dinero al pueblo haitiano. Queda así en el aire cuál será el destino de la suma millonaria que Suiza bloquea desde 1986, ya que el Tribunal Supremo no especificó si el dinero se restituirá a la familia de Baby Doc que vive en París.

Según el derecho suizo, la acusación de haber formado una organización criminal que pende sobre Duvalier –que se hizo del poder a la muerte de su padre Papa Doc Duvalier– prescribe a los 15 años. El tribunal estima 1986 como fecha de partida para los cargos contra Baby Doc, año en el que fue expulsado del poder, por lo habrían prescrito en 2001.

Tras el fallo del tribunal, el gabinete suizo presentó su solicitud a la cancillería para que trabaje en una legislación con el fin de permitir que los activos sean confiscados y retornen a Haití, al considerar que fueron obtenidos por medios ilícitos y de acuerdo con autoridades haitianas. La legislación deberá ser aprobada por el Parlamento.

En Roma, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) anunció que ha recolectado 230 millones de dólares para ayudar a los damnificados por el sismo en Haití, en tanto que la ONU nombró al ex presidente estadunidene Bill Clinton –actualmente enviado especial a Haití– para coordinar las operaciones internacionales de ayuda.

En Puerto Príncipe cientos de haitianos protestaron contra el gobierno local y las autoridades que no han logrado hacer llegar la ayuda internacional a los damnificados, en medio del caos reinante y un deterioro de la seguridad en la capital. Los manifestantes exigieron comida, trabajo, servicios básicos y medidas para retomar el año escolar.

El primer ministro Jean Max Bellerive reconoció que prevalece el caos y expresó la frustración del gobierno de René Préval, al sentirse incapaz de poner en orden el concepto de piñata que sigue presente en la distribución de los alimentos y otros bienes destinados a los damnificados. Dijo que esta es la cuestión más sensible de la crisis al conllevar la desilusión de la población.

En cuanto al balance de las víctimas, de acuerdo con Bellerive, supera los 200 mil muertos, unos 300 mil heridos y más de 4 mil con amputaciones. Además, dijo, hay más de 250 mil casas y unos 30 mil comercios destruidos. Ante el Senado, aclaró que la cifra no incluye los cadáveres aún bajo los escombros –unos 700, según otras fuentes– ni víctimas enterradas por sus familiares.

Observadores y medios de prensa comentaron que una simple mirada a plazas convertidas en insalubres asentamientos humanos luego de casi tres semanas del terremoto, constata la anarquía que continúa en la coordinación del apoyo internacional.

La política gubernamental busca trasladar a las personas concentradas en esas áreas hacia las afueras de la urbe, y en ese sentido el gobierno venezolano –con el apoyo de otros países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba)– instauró una nueva comunidad en Leogane.

Se trata de un asentamiento concebido como un proyecto social que comprende infraestructura para alimentación, salud, educación, recreación y otras condiciones de vida, incluida la higiene. Es el primero de otros asentamientos que la Alba quiere impulsar fuera de la capital haitiana, según fuentes del organismo.