El gobierno federal tiene la obligación de “ofrecer una disculpa pública a los presidentes municipales de Michoacán recientemente liberados y proceder a la reparación del daño, ya que son inocentes de la acusación de tener nexos con el crimen organizado, afiemaron senadores integrantes del grupo plural que da seguimiento a la situación jurídica de los alcaldes y funcionarios de esa entidad detenidos en mayo de 2009.

También se pronunciaron por revisar la reforma constitucional en materia de justicia, particularmente las figura de arraigo y testigos protegidos, con el propósito de que no se violenten las garantías fundamentales y derechos humanos, como ocurrió en el caso de los michoacanos.

En conferencia de prensa, el panista José Luis Coppola, los perredistas Carlos Sotelo y Silvano Aureoles, así como el priísta Ramiro Hernández, dieron a conocer la postura del grupo, integrado en octubre de 2009, en el que participan senadores de PT y Convergencia. Reconocieron que deberán legislar para determinar la responsabilidad civil, con la finalidad de que se reparen daños morales por acusaciones falsas.

Resaltaron que se ejerció tortura física y sicológica contra los detenidos, se retardó la puesta a disposición de varios de ellos ante la autoridad ministerial y hubo falta de celeridad en los juicios y acusaciones; confiaron en que tras la liberación de 12 de los detenidos pronto sean excarcelados los otros 32, ya que están sujetos a los mismos señalamientos de tres testigos protegidos, que fueron descalificados por los jueces.

Cuestionado acerca de la afirmación del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que no habrá disculpa porque se les liberó por falta de pruebas, no porque fueran inocentes, Sotelo recalcó que debe haber una actitud más sensible del gobierno federal.

Los más de 30 alcaldes y funcionarios estatales de Michoacán, dijo, fueron detenidos y arraigados en medio de un amplio despliegue mediático y trasladados al penal de alta seguridad en Nayarit, y no es posible que el gobierno federal no reconozca su error.

Explicó que los senadores hablaron en varias ocasiones con ellos y sus familiares y pudieron constatar su aniquilamiento moral, profesional y humano; por eso es obligatorio devolverles su prestigio, su buen nombre e incluso restituir en el cargo a cuatro de ellos –los alcaldes de Uruapan, Tepalcatepec, Ciudad Hidalgo y Tumbiscatío– ya que el Congreso local recién nombró sustitutos.

Lo que sucedió en Michoacán es preocupante, porque es tan malo que haya inocentes en la cárcel como que existan delincuentes en la calle, comentó el priísta Hernández.

Coppola explicó que durante las entrevistas que sostuvieron con los detenidos –a los que visitaron en el penal de Tepic– pudieron constatar que no eran de alta peligrosidad, como se les catalogó, y por eso lograron que a principios de este año los trasladaran a otras cárceles en Michoacán.

Consideró prioritario que el Senado reabra la discusión de la reforma judicial para modificar las figuras de testigos protegidos y arraigo para evitar injusticias.

Aureoles explicó que no se trata de eliminar esas figuras sino de modificarlas. Destacó que en el caso de testigos protegidos hay preocupación en el medio judicial por el riesgo de que la propia delincuencia organizada los infiltre y utilice para atacar a bandas rivales.

Los senadores señalaron que confían en la pronta liberación de los otros alcaldes, ya que las acusaciones son frágiles e inconsistentes.