on la anulación, ordenada el pasado miércoles por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de los estatutos del Partido del Trabajo (PT) aprobados en su congreso nacional, y el desconocimiento de la actual dirigencia de ese instituto político, el máximo órgano de justicia electoral se coloca a sí mismo en nuevo nivel de descrédito, y ratifica la crisis generalizada por la que atraviesa el conjunto de las instituciones políticas del país.
Ciertamente, el hecho comentado no es el primer caso de abierta intromisión de ese órgano jurisdiccional en la vida interna de los partidos. Algo similar ocurrió con la imposición, a mediados de 2008, de una dirigencia irregular y cuestionada al frente del Partido de la Revolución Democrática –la encabezada por Jesús Ortega–, que emanó de un proceso en el que se presentaron, a decir del entonces magistrado presidente del TEPJF, Flavio Galván, diversas causales de nulidad
. Ejemplo más reciente de esa conducta fue la decisión, adoptada en junio pasado por el propio tribunal, de retirar a Clara Brugada la candidatura del sol azteca a la jefatura delegacional en Iztapalapa y de otorgársela a la representante de la corriente Nueva Izquierda.
Al igual que en esos episodios, es inevitable percibir, en el desconocimiento de la dirigencia del PT, la continuidad de un golpeteo sistemático por parte del tribunal electoral en contra de los sectores partidistas que respaldan a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento. Tal circunstancia, de suyo grave por cuanto implica un alineamiento vergonzoso de la máxima autoridad electoral con los intereses políticos del actual régimen, resulta además muy peligrosa, pues se restringen las vías de la participación política e institucional a un movimiento opositor amplio y creciente, que ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de emprender transformaciones sociales en el país por vías enteramente pacíficas y legales.
Desde un punto de vista más general, los hechos referidos forman parte de una cadena reciente de episodios que trascienden el ámbito político-electoral, y en los que puede percibirse un empleo faccioso de las entidades federales y los organismos de procuración de justicia como instrumentos de golpeteo político en contra de quienes son considerados adversarios por el grupo que detenta el poder. Baste señalar, como botones de muestra de tal actitud, la hostilidad con que se ha desempeñado el calderonismo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus dirigentes, y la animadversión mostrada por las dos administraciones federales panistas en contra de las autoridades capitalinas, lo que ha significado diversas afectaciones para los habitantes del Distrito Federal, como se comentó ayer en este mismo espacio.
La circunstancia descrita, en suma, deja entrever elementos inocultables de arbitrariedad, discrecionalidad y partidismo en el ejercicio gubernamental y en el desempeño de instancias que debieran exhibir autonomía respecto del poder político, como es el caso del TEPJF. Lo anterior, lejos de contribuir a establecer un verdadero estado de derecho y a restañar la deteriorada imagen y la credibilidad de las instituciones en el país, profundiza el deterioro de éstas y exacerba la desconfianza y el desencanto populares.
