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Peculado y abandono del servicio, entre las imputaciones

Detienen en Costa Rica a dos ex funcionarios de Chihuahua

Los acusados, que fungían como agentes del MP, serán extraditados

 
Periódico La Jornada
Sábado 23 de enero de 2010, p. 26

El gobierno mexicano informó que autoridades de Costa Rica detuvieron con fines de extradición a dos ex funcionarios del estado de Chihuahua, que enfrentan acusaciones de peculado, abandono del servicio público y retardo de la justicia.

Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que Eduardo Máximo Miranda Figueroa y María Guadalupe Martínez Ponce, ex agentes del Ministerio Público dependientes de la Procuraduría Ge- neral de Justicia de Chihuahua, presuntamente abusaron de fondos públicos para su beneficio y cometieron otros ilícitos durante la comisión de su empleo.

La detención, según la información difundida, fue resultado del trabajo bilateral entre México y Costa Rica en materia de procuración de justicia y de la solicitud de detención provisional con fines de extradición realizada por el gobierno mexicano a esa nación centroamericana.

La pareja de mexicanos era buscada por el juez de garantía del distrito judicial Bravos, Chihuahua, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado, abandono del servicio público y retardo de la justicia, según la orden de aprehensión.

La indagatoria señala que en 2009, Miranda Figueroa tenía como actividad principal integrar carpetas de investigación con imputados detenidos para realizar el ejercicio de la acción penal ante los tribunales del fuero común, en tanto que Martínez Ponce fungía como coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Patri- moniales en la Procuraduría General de Justicia Estatal, e incumplió con una orden de su superior jerárquico y abandonó sus labores sin causa justificada, lo que trajo como consecuencia que quedara en libertad una persona que se encontraba detenida por la probable comisión de un delito.

Además, señaló la PGR, Martínez Ponce y Miranda Figueroa abusaron de su calidad de servidores públicos disponiendo de fondos públicos recibidos en razón de sus encargos, para beneficio propio.