En los acuerdos que se concreten sobre la reforma política es necesario que el Congreso de la Unión considere para su viabilidad, entre otros aspectos, los tiempos que se requieren para el desahogo de los recursos legales de los partidos, particularmente en temas como la segunda vuelta de la elección presidencial, sostuvo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís.

Al ofrecer una rueda de prensa, Alanís señaló que en la pasada reforma electoral, al determinarse la unificación de los calendarios electorales, los legisladores privilegiaron un esquema para reducir el hartazgo ciudadano por tener frecuentes elecciones, pero no consideraron que esto implicó el incremento de recursos a revisarse en un reducido espacio de tiempo con la consiguiente carga para el TEPJF.

Durante la reunión, cuestionados sobre sus elevadas percepciones, los magistrados señalaron que independientemente de que estos salarios están fijados por ley, se adoptaron medidas para reducirlos en 30 por ciento, lo que equivale a una baja de 1.7 millones de pesos anuales.

Al respecto, el magistrado Manuel González Oropeza justificó sus percepciones al argumentar que respetan las disposiciones legales, amen de que, dijo, ya en las máximas instancias de decisión en materia de justicia electoral, hay muchas presiones y esto ofrece garantías para un ejercicio independiente e imparcial de las decisiones.

Alanís dio a conocer que las 15 elecciones que se realizarán este año implicarán un incremento en la carga laboral de 45 por ciento con respecto a 2009. Destacó que un análisis sobre el peso que tienen los recursos para elecciones federales en el conjunto de recursos desahogados por el TEPJF revela que solamente representan 7 por ciento, correspondiendo el resto a las elecciones locales.

Alanís se refirió también al caso de las diputadas que solicitan licencia en beneficio de candidatos varones evadiendo las obligaciones derivadas de la cuota de género. Subrayó que para atajar esta práctica, serían necesarias modificaciones legales en varios ámbitos e hizo un llamado a las mujeres para que no acepten este tipo de acuerdo.

–¿Es un fraude a la ley?

–No podría calificar de un fraude a la ley en lo general. Tendríamos que verlo en cada caso, pero evidentemente hay un acuerdo para cubrir una cuota de género y después ya nos la saltamos. Obviamente si se está violando la ley, pero; ¿qué ley se está violando? ¿la electoral para evadir las obligaciones de cubrir la cuota de género? O estamos en un ámbito más de la ética política.

En su oportunidad, el magistrado Constancio Carrasco se refirió a las posibles modificaciones que se requerirían para evitar la infiltración del dinero del crimen organizado en las campañas. Consideró que el tema ya no pasa por reformas legales, porque en 2007 se confirieron al Instituto Federal Electoral facultades de fiscalización suficientes, sino de la manera de cómo hacer eficaz su cumplimiento.

Durante la conferencia los magistrados también se refirieron al tema de la posible relección de legisladores, sobre lo cual Carrasco destacó que un aspecto que debe ir aparejado a este cambio es el perfeccionamiento de un esquema de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del cargo.

Asimismo, Alanís mencionó que hay algunos temas asociados a este esquema pues, citó como ejemplo, habría que analizar las posibles ventajas que tendría un legislador frente a sus adversarios con el uso de la tribuna en el Congreso, entre otros aspectos.