Cuernavaca, Mor., 10 de enero. Carlos Cuenca Dardón y José Manuel Rojas, abogados de familiares de víctimas de los operativos instrumentados por la Secretaría de Marina en diciembre pasado, afirmaron que buscan mediar con autoridades estatales y federales para que resarzan los daños causados a sus representados, quienes se consideran sujetos pasivos de una acción que tuvo consecuencia frente a terceros.

Técnicamente hay una averiguación para determinar la responsabilidad y el cuerpo del delito, y de esa manera actuar en consecuencia. No se puede hablar de responsabilidades previas o posteriores. Lo que sí se puede decir es que en un país donde hay estado de derecho las garantías constitucionales tienen que ser el factor más importante, afirmó Cuenca.

Dijo confiar en que prosperará el expediente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió, porque a su parecer se demostraron violaciones a las garantías individuales.

El litigante indicó que autoridades estatales y federales no han informado quiénes realizaron el operativo del 11 de diciembre en el fraccionamiento Limoneros y el del 16 de diciembre en el fraccionamiento Altitude. Por ello, no se puede fincar responsabilidad directa a marinos, militares o policías federales.

José Manuel Rojas, abogado de la familia de Ignacio Aguilar Rodríguez, dijo por su parte que tras los hechos los deudos buscaron a autoridades estatales y federales para que absorbieran los gastos funerarios y se pagara el daño ocasionado a la esposa, Andrea Martínez Jaimes, así como a sus cuatro hijos, pero al momento no han sido escuchados por el gobernador Marco Antonio Adame Castillo ni por autoridad federal alguna.