Madrid, 23 de diciembre. La empresa de cazatesoros estadunidense Odyssey deberá devolver al Estado español las cerca de 500 mil monedas de plata y oro encontradas en mayo de 2007, las cuales procedían del buque Nuestra Señora de las Mercedes, hundido a cañonazos el 4 de octubre de 1804 por la flota inglesa. El tesoro, valorado en más de 500 millones de dólares, provocó una disputa judicial sobre la propiedad de los objetos, considerados patrimonio público, en un conflicto en el que también intervino el gobierno de Perú, que reclamaba parte del hallazgo al sostener que las monedas fueron elaboradas con minerales de su tierra, cuando todavía el país era virreinato de España.

Es la segunda sentencia del caso Odyssey, pero es la más contundente y clara sobre el fondo de la disputa: la pertenencia del medio millón de monedas acuñadas en Perú a finales del siglo XVIII y hundidas, junto con el buque Nuestra Señora de las Mercedes y su tripulación de 250 marinos y empresarios a principios del siglo XIX. El tesoro fue encontrado hasta el año 2007, cuando Odyssey, empresa especializada en localizar tesoros hundidos en el mar y apropiárselos, encontró los vestigios del buque a más de cien metros de profundidad y a 100 millas al oeste del estrecho de Gibraltar. Fue uno de sus hallazgos más importantes: más de 17 toneladas de objetos valiosos, pero sobre todo el medio millón de valiosísimas monedas con el rostro del rey español Carlos IV grabado por herreros peruanos.

En esta ocasión, el juez de la Corte del Distrito Medio de Florida, Steven Merryday, emitió una sentencia que se inclina nítidamente por la versión del Estado español en el conflicto. Según el magistrado, la empresa Odyssey habría incurrido en una serie de vulneraciones del derecho internacional, pues los restos (del buque, es decir, el tesoro) fueron traídos a Estados Unidos sin autorización alguna, saltándose todos los principios éticos y legales existentes, sostiene el auto. Asimismo, decide obligar a la empresa a devolver cuanto antes y de forma íntegra el tesoro al Estado español –una novedad importante con respecto a la primera sentencia, también favorable a los intereses españoles–, y que en caso de que no lo haga, esta negativa tendrá consecuencias en el juicio definitivo del caso. El juez Merryday también señala que la única instancia competente para resolver definitivamente el conflicto es la Corte Suprema de Florida, ya que se trata de una materia sometida a tratados internacionales.

Sin embargo, el magistrado Merryday sí obliga a Odyssey a devolver el tesoro al patrimonio español, que será finalmente el responsable de salvaguardar las monedas hasta que finalice el proceso judicial. El plazo fijado por el juez son 10 días, en los que deberán ponerse de acuerdo las partes para establecer la forma y el plazo de entrega del tesoro, valorado en 395 millones de euros (algo más de 500 millones de dólares).

El juez de Miami también valoró las respectivas demandas del Estado peruano y de los descendientes de los marineros muertos en aquel ataque de la flota británica, sobre todo de los más de mil 500 descendientes del almirante español Diego de Alvear. A la petición de Perú de que parte del tesoro le sea entregado a sus arcas, puesto que el oro y la plata pertenecían a las minas que hoy están en su territorio, el juez Merryday defendió la propiedad de España, ya que el buque hundido pertenecía a la flota militar de ese país, mientras que a la petición de los marineros les responde que el tesoro, por la misma razón, pertenece en todo caso al Estado agredido con el hundimiento.

Esto significa que ni el gobierno de Perú ni los descendientes del almirante Diego de Alvear podrán continuar apersonados en el caso ni acudir a la Corte Suprema, donde se resolverá definitivamente el conflicto.

Como es lógico, el gobierno español, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró complacido con el fallo, ya que, además, fue un proceso complejo en el que se apersonó a los 15 días de las primeras noticias del hallazgo. A su vez, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, explicó que el fallo del juez de Miami es crucial en la defensa de los intereses del patrimonio histórico español.