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Denuncian represión selectiva y sistemática contra líderes opositores a privatizaciones

Foro en Acteal plantea construir la otra justicia, ante la impunidad prevaleciente
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 22 de diciembre de 2009, p. 9

Acteal, Chis., 21 de diciembre. Ante la impunidad que prevalece en México y la certeza de que la justicia no funciona en favor de los intereses del pueblo, representantes de agrupaciones sociales y movimientos nacionales e internacionales convocados por la Sociedad Civil Las Abejas plantearon este lunes construir otra justicia, a partir de los elementos comunitario, político y jurídico.

En las conclusiones del Foro Conciencia y Esperanza. Construyendo la Otra Justicia, que tuvo lugar en esta comunidad tzotzil donde hace 12 años fueron asesinados 45 indígenas por paramilitares, entre cientos de asistentes se expuso que en lo comunitario se recupere la memoria, los modos tradicionales de hacer justicia que tiene como eje no la aplicación del castigo, sino la recuperación de la armonía comunitaria.

En el eje político, se propuso mantener la información, la conciencia, la difusión de la memoria y proponer la articulación de las luchas sociales del pueblo, de tal forma que vayamos creando una correlación de fuerzas favorables a las demandas populares y al respeto a los derechos humanos, y en lo jurídico, aprovechar los espacios y fisuras del sistema sin centralizar todos nuestros esfuerzos en la vía legal.

Control de los recursos nacionales

En las resoluciones del foro, dadas a conocer esta noche, los participantes en la reunión, entre ellos trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como miembros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y del Comité 25 de Noviembre de Oaxaca, además del general Francisco Gallardo, afirmaron que en México se está dando una represión selectiva y sistemática dirigida contra líderes sociales de movimientos que resisten a las políticas privatizadoras del Estado y del gran capital.

Agregaron que desde Chiapas hasta Ciudad Juárez (Chihuahua), pasando por Guerrero, Oaxaca, Atenco (estado de México) y Morelos entre otros sitios, está el deseo de los grandes capitales de controlar los recursos del país, y en contraparte está la resistencia de los pueblos que defienden la tierra.

Para tal fin, manifestaron, el Estado ha ido modificando la legislación: por un lado restringe los derechos ciudadanos y por el otro se dota de poderes extraordinarios para reprimir, convirtiendo a las fuerzas armadas, ya no en instrumento de defensa de la nación sino en ejércitos de ocupación contra el propio pueblo.

Subrayaron que por lo anterior sería ingenuo pensar que el aparato de justicia funciona en favor de los intereses del pueblo, al tiempo que propusieron construir otra justicia.

La justicia del gobierno está muerta y tenemos que construir la otra justicia, como la que tenían nuestros antepasados, afirmó Sebastián Pérez Vázquez, dirigente de Las Abejas, grupo al que pertenecían los 45 tzotziles asesinados en 1997.

La conmemoración del aniversario 12 de la matanza tiene un significado diferente al de otros años, sostuvo, pues hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a 29 paramilitares que estaban sentenciados por el múltiple asesinato.

Los sobrevivientes se sienten angustiados y preocupados porque los paramilitares están libres y porque la justicia retrocedió, añadió el dirigente, quien el 31 de diciembre concluye su periodo al frente de la agrupación.

No obstante, señaló que podría haber reconciliación y perdón en favor de los indígenas liberados y jurídicamente exonerados de la masacre, si éstos reconocen su culpa y piden un perdón público que demuestren que su corazón ha cambiado.

El general Gallardo manifestó que con su resolución de agosto y noviembre pasados para liberar a los 29 paramilitares, la SCJN dio la última vuelta a la tuerca para mantener la impunidad en México, lo que tiene que ver con una política de Estado.

Cerrados los caminos de la justicia, afirmó, los agraviados deben de recurrir a los tribunales internacionales. El de Acteal es un crimen de Estado porque tuvo la aquiescencia del presidente [Ernesto Zedillo] y de los poderes del Estado, aseveró.