Una investigación hecha durante años por la magistrada federal Lilia Mónica López Benitez documenta que al menos 80 por ciento de los más de 100 testigos protegidos que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía bajo su custodia en 2002 no pudieron sostener sus testimonios ante autoridades judiciales, ya que abandonaron el sistema de colaboradores del Ministerio Público y aún se desconoce su paradero, o debido a que fueron asesinados.

Ese y otros datos reveladores fueron recogidos por López Benítez, quien en entrevista con La Jornada sostiene con preocupación que “en la mayoría de los casos, los testigos protegidos han sido ejecutados, inclusive en el momento mismo de la protección, cuando están en las instalaciones de la SIEDO o en cualquier lugar donde las autoridades los tengan bajo cuidado”.

Algo ha de saber del tema esta funcionaria del Poder Judicial Federal, pues a principios de este año comenzó a distribuirse su libro Protección de testigos en el derecho penal mexicano, editado por Porrúa.

El texto parte de la tesis de que el problema de los testigos colaboradores es que el modelo implementado dentro del derecho mexicano no ha sido el correcto, porque la protección de los delatores aún no encuentra cabida en nuestro sistema de justicia penal, pues carece de reglamentación.

“Pasa lo mismo que con los jueces sin rostro de otros países”

Comparte la misma preocupación la ministra Olga Sánchez Cordero, quien asegura que “esto de los testigos protegidos es sumamente delicado. Yo te voy a confiar algo: en alguna ocasión, por ahí de 2002, teníamos varios expedientes de procesados y también de sentenciados por delincuencia organizada en la primera sala de la Suprema Corte; te puedo decir que los dizque testigos protegidos, cerca de 20 o 30, no recuerdo bien, muchos de ellos ya habían sido ejecutados”.

–¿Por qué? ¿Qué está pasando con el sistema de protección a testigos? –se le preguntó.

–Pasa lo mismo que ha pasado en otros países con los llamados jueces sin rostro, muchas veces se conoce su identidad y resultan presa fácil de los sicarios al servicio de un grupo criminal.

Entonces, si el Estado mexicano va a darle fuerza a la información aportada por los testigos protegidos, tú tienes que hacerte cargo hasta de, en su caso, un cambio de identidad. Si es posible, proteger a su familia, llevarlo a otro lugar, además de garantizarle con qué recursos va a sobrevivir. Es tan complicado, sostiene la ministra en entrevista con este diario.

Las declaraciones de la ministra y de la magistrada toman fuerza luego de que hace dos semanas fue ultimado a tiros en una cafetería del Distrito Federal Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex inspector de la Policía Federal, quien fue utilizado por la PGR como testigo clave en las acusaciones contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal dentro de la llamada Operación Limpieza.

Con esa ejecución sumaron dos muertes de testigos protegidos en menos de 12 días, luego de que el pasado 20 de noviembre Jesús Zambada, hijo del capo de la droga Reynaldo El Rey Zambada, apareció ahorcado en una casa de seguridad de la procuraduría. Según la autoridad, Zambada hijo se suicidó.

Durante la charla con este diario, López Benítez narra qué la motivó a escribir sobre los testigos protegidos:

Todo nació por un asunto en particular que tuve cuando era juez de procesos penales, en el cual toda la causa penal estaba sustentada en la declaración de un testigo colaborador. El procesado insistía en que la persona compareciera en el juzgado porque quería carearse con él. Añade que, en principio, la PGR puso pretextos para justificar el incumplimiento de la orden judicial respectiva.

“Nos decían que no era posible presentarlo porque había riesgos de que atentaran contra el testigo, y yo les rebatía: ‘si lo están custodiando ustedes, si lo tienen bajo su protección, ¿cómo es posible que su vida corra riesgo?’ Ahora entiendo: el riesgo lo corren porque quedan en manos de la procuraduría. ¿Será fuego amigo?”, se pregunta con ironía.

Agrega: “después supimos que el testigo no estaba en el país. Cartas rogatorias, una y otra más. Jamás pudimos dar con el paradero del testigo.

“Finalmente, el procesado obtuvo su libertad después de dos años de prisión. Fue una sentencia absolutoria porque nunca se localizó al testigo y en él estaba basada prácticamente toda la imputación. Recuerdo que un día el Ministerio Público me confió al oído: ‘ya ni se moleste en citar al testigo, señoría: está muerto’. Me quedé helada”, reconoce.

La propuesta de López Benítez es que se legislen normas secundarias que regulen a los testigos colaboradores, con el fin de contar con un catálogo de delincuentes colaboradores que permita estudiar su perfil sicológico, jurídico, social y económico.

Asegura que con ese programa se evitará que las declaraciones de los testigos protegidos carezcan de coherencia, veracidad y congruencia, o que los criminales declaren sin limitación de tiempo y contra presuntos delincuentes de cárteles de la droga antagónicos, como ocurre actualmente en la mayoría de las averiguaciones previas de la PGR.

¿Cuántos testigos tendrán que seguir muriendo antes de que se ponga orden normativo en el caso de los delatores que utiliza la PGR?, cuestiona la magistrada.