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Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor; Alfonso Ramírez Cuellar, de El Barzón, y Elena Aguilar, de Oxfam. FOTO: Gustavo Graf El Barzón, Oxfam México y El Poder del Consumidor se unieron para lanzar la iniciativa “Consumidores: por el derecho del consumidor y contra los monopolios”, con la cual intentan atraer una fuerza social suficientemente grande para lograr una “insurgencia ciudadana” que rescate al Poder Legislativo de su sometimiento a las grandes empresas dominantes en los sectores bancario, agroalimentario, telecomunicaciones y otros. Y promover así cambios legales que sancionen seriamente las prácticas monopólicas, incluso con cárcel, y que regulen los precios. En el anuncio de esta iniciativa, el 18 de noviembre en Casa Lamm, en la Ciudad de México, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo que de aquí al siete de marzo, Día Internacional de los Consumidores –“en el que tendremos una convención nacional”–, “vamos a recorrer la República difundiendo los derechos de los consumidores; vamos a practicar el boicoteo contra las televisoras, contra las empresas abusivas, contra quienes rebasan los precios de producción y transacción; vamos a hacer mucho trabajo (de cabildeo) legislativo (...) queremos conquistar el derecho al desarrollo, y éste lo obstaculizan las grandes corporaciones”. Comentó que un estudio elaborado para la Comisión Federal de Competencia (CFC) muestra que los monopolios están provocando en México bienes y servicios con un sobreprecio de 30 por ciento, lo cual afecta principalmente a las clases media y pobre. Las empresas alimentarias juegan aquí un rol destacado. El acuerdo suscrito por las tres organizaciones promotoras de la iniciativa de Consumidores dice que “nuestra economía no crece, entre otras razones, porque tres bancos dominan los servicios financieros, dos empresas controlan los canales de televisión abierta, una empresa controla la red de conexión telefónica, dos grupos empresariales controlan la distribución del gas LP, dos empresas controlan el mercado del cemento, una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz, tres empresas controlan la producción de pollo y huevo, dos empresas controlan el 80 por ciento del mercado de leche, tres empresas dominan el mercado de carnes procesadas, dos empresas controlan el mercado de refrescos, jugos y agua envasados, una empresa controla la producción de pan industrializado y dos empresas controlan la distribución de medicamentos”. El presidente de la CFC, Eduardo Pérez Mota, estuvo presente en el evento. Declaró a la prensa: “Está totalmente identificado el efecto tan nocivo que tiene la falta de competencia sobre todo en la distribución del ingreso; en particular la falta de competencia en los sectores alimentarios y distribución de medicinas golpea más a los grupos de población más pobre del país. Eso es muy grave y requiere acción muy clara de parte de las autoridades (...) Es muy importante que la regulación promueva la competencia, que dé oportunidades a más empresarios”. Ramírez Cuellar afirmó que cabilderos de las grandes empresas cigarreras, de las televisoras, de las productoras de leche y demás “colonizan, compran, someten y capturan a los diputados y senadores para que la mayoría de disposiciones legales y reformas constitucionales salgan a modo de estos grandes conglomerados”. La iniciativa naciente pretende “rescatar” a los legisladores para que se otorgue autonomía constitucional a la CFC, la cual es hoy un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía; para que se castigue con prisión a quienes realizan prácticas que afectan el consumo popular y dañan severamente la economía nacional; para que se reforme la Ley del Impuesto sobre la Renta y que empresas como Bachoco deje de pagar impuestos a niveles similares a los de una organización de ejidatarios, y para que la Ley General de Competencia establezca un nuevo apartado en materia de precios, que induzca una revisión de precios en las diferentes regiones del país, y que la CFC tenga la facultad de fiscalización y regulación de los precios para evitar que los monopolios impongan sobreprecio en los productos de mayor consumo popular (LER).
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