14 de noviembre de 2009     Número 26

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Las otras políticas públicas

Nuevo modelo para el campo

Carlos Toledo Manzur

El campo mexicano se encuentra en una grave situación desde hace muchos años, tanto en los aspectos económicos, como en los sociales y ambientales, la cual se ha recrudecido recientemente debido tanto a la crisis alimentaria como a la económica global. Por ello, sigue siendo un asunto de primordial importancia la reforma de las políticas públicas aplicadas al sector rural con el fin de impulsar un nuevo modelo de desarrollo integral y sustentable que permita recuperar el crecimiento económico y superar los graves desequilibrios y rezagos en este sector.

En efecto, desde hace más de 30 años el sector rural se encuentra estancado sin avances reales en su producto interno El modelo económico desarrollado en las dos décadas anteriores no ha logrado reactivar la producción rural y sí ha profundizado la desigualdad y la polarización. A pesar de las expectativas de la apertura comercial, la balanza comercial agroalimentaria mantiene un importante déficit de poco más de seis mil millones de dólares anuales (en 2008), mientras que nuestro país sigue siendo dependiente de las importaciones de granos básicos, principalmente de maíz y de soya, vulnerando nuestra soberanía alimentaria.

Las políticas públicas siguen teniendo un carácter regresivo y continúan apoyando con acciones de fomento productivo principalmente a los productores empresariales del norte del país, mientras que la población mayoritaria de los campesinos pobres se margina cada vez más de los mercados, no tiene acceso a los apoyos para mejorar su producción y sólo se le destina ayudas asistenciales que no le permiten su mejoramiento estructural y productivo.

Así, la muy grave situación social del campo ha empeorado en los años recientes. Existen más de 12 millones de habitantes rurales que viven en pobreza extrema (alimentaria), lo que representa el 32 por ciento de la población que habita en localidades menores de 15 mil habitantes; esto significa que seis de cada diez de los pobres extremos se encuentran en el campo; mientras tanto, quienes padecen pobreza patrimonial ascienden a 23.4 millones, equivalentes a 60.8 por ciento del total de habitantes del campo.

Y los recursos naturales continúan deteriorándose; aunque son la base de la producción primaria, son sometidos a serios procesos de destrucción: más de dos terceras partes de los suelos se encuentran erosionados, la contaminación y el agotamiento de las fuentes y cuerpos de agua se incrementan y la deforestación disminuye la superficie forestal y profundiza los procesos de destrucción de la biodiversidad.

La política de desarrollo rural iniciado hace dos décadas ha seguido la visión del modelo neoliberal, profundizando la polarización y las desigualdades sin lograr resultados positivos para el campo y sus habitantes; además, el enfoque de la política para el sector primario sigue siendo sectorial y descoordinado, ya que a pesar de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la articulación de los programas de las diversas instituciones deja mucho qué desear y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) se integra prácticamente sólo en el papel.

Los espacios de participación de la sociedad para la planeación y conducción del desarrollo rural son simulados, y la relación con las organizaciones campesinas tiene un carácter fuertemente clientelar y no se establece a partir de acuerdos estratégicos sobre la política rural, debido a que el gobierno federal impulsa una visión que la mayoría de los productores no comparte. Además, existe en el gobierno federal una tendencia hacia la centralización en la conducción del desarrollo del campo y de freno al proceso federalista.

Por todo lo anterior se requiere urgentemente un viraje.

SE DEBE IMPULSAR LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE POLÍTICA PÚBLICA:


1 Fortalecer el crecimiento y la integración de los presupuestos públicos al campo, orientándolos prioritariamente hacia los productores pobres del sur del país.


2 Reorientar la políti ca general con base en los conceptos de soberanía y seguridad alimentarias para desti nar mayores apoyos a la producción de granos básicos y a la reducción de la dependencia externa, a fi n de sanear la balanza comercial y fortalecer la producción de alimentos para la autosufi ciencia de las familias y comunidades (especialmente las más pobres y marginadas), las regiones, los estados y el país.


3 Impulsar una políti ca de fuerte contenido territorial que reconozca la enorme diversidad regional de los sistemas producti vos y las dinámicas socioeconómicas y culturales para aplicar una políti ca diferencial en coherencia con las parti cularidades geográfi cas sobre la base de una intensa parti cipación de la sociedad y en la planifi cación a mediano y largo plazos como producto de la concertación entre los diferentes actores públicos, privados y sociales.


4 La superación de la pobreza rural debe ser uno de los objeti vos primordiales de la políti ca de desarrollo rural del país. Por ello las políti cas públicas de fomento económico deben priorizar la atención integral a los campesinos pobres, para lograr su seguridad alimentaria, por medio del apoyo a sus sistemas producti vos como el traspati o y la milpa, a proyectos producti vos estratégicos, a la capacitación y asistencia técnica y a la transferencia de tecnología adecuada; por medio también del acercamiento de servicios fi nancieros y del vínculo a los mercados con mecanismos efi cientes de comercialización, entre otros aspectos.


5 En coherencia con el mandato de la LDRS, se debe reforzar la coordinación insti tucional para aplicar una políti ca rural integral y arti culada, para lo que es necesario reforzar la Comisión Intersecretarial y el sistema de consejos para el desarrollo rural sustentable, pero sobre todo consolidar el PEC a fi n de lograr una mayor y más efecti va arti culación de los programas de la disti ntas insti tuciones de apoyo al campo, tanto en el ámbito nacional como en el estatal, distrital y municipal.


6 Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y evaluación de los programas orientados al desarrollo rural. Las acciones llevadas a cabo por los ejecuti vos estatales y federal deben ser evaluadas externamente por los poderes legislati vos respecti vos, sin demérito de los componentes de evaluación y seguimiento al interior de los programas.


7 A partir de la LDRS, que representa un parteaguas en el diseño insti tucional para la concurrencia, e incluye lineamientos estratégicos de largo aliento para el sector, se debe conti nuar el trabajo legislati - vo y completar el marco jurídico que dote al campo de instrumentos legales que apoyen la implementación del modelo integral y sustentable que se requiere.


8 Se debe fortalecer el federalismo en el diseño, operación y evaluación de la políti cas rurales, por medio de un reforzamiento del papel y las atribuciones de las enti dades federati vas. Es necesario profundizar el modelo de descentralización que inició Alianza para el Campo, y que se conti núa con la modalidad uno de ejecución de los programas de la Secretaría de Agricultura, para extenderlo a todos los programas de apoyo al campo de las diferentes dependencias. Se requiere culminar el proceso de transferencia de los distritos de desarrollo rural a los gobiernos estatales para fortalecer su carácter operati vo y consolidar el papel normati vo y de orientación estratégica de las insti - tuciones federales. En los procesos de federalización, se debe consolidar la visión integral y territorial para que no sea sólo una transferencia administrati va, y así aprovechar la oportunidad para un intenso trabajo de reingeniería de procesos que refuerce las capacidades de las organizaciones sociales para parti cipar como interlocutores y corresponsables.


9 Impulsar una nueva visión de reconversión producti va para el logro de acti vidades económicas rurales modernas, sostenibles y equitati vas, concebidas como un sector ampliado que trasciendan la producción primaria y sean capaces de jugar un papel dinamizador de la economía regional; que impliquen un fuerte contenido agro ecológico, y que incorporen los criterios de sanidad, inocuidad y fomento de los productos orgánicos y sustentables. La inclusión de esquemas de identi fi cación, valoración y retribución para la protección de servicios ambientales, y de integración con prácti cas sustentables de manejo de recursos naturales es una de las vías innovadoras y de gran potencial para equilibrar la interacción de las ciudades con su región.


10 Incorporar de manera plena los criterios de conservación ambiental en todos los ámbitos del desarrollo rural a fi n de detener y reverti r los procesos de deterioro ecológico como la contaminación, la destrucción de los suelos, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad natural y de la agro biodiversidad y la desestabilización y agotamiento de los recursos hídricos. El manejo del agua y la conservación de los suelos debe ser un instrumento prioritario del fomento producti vo.


11 Se requiere consolidar la estrategia de apoyo integral a las cadenas agro alimentarias reforzándolas como instrumentos de concertación, programación y planeación para que den racionalidad técnico-económica y viabilidad social a los sistemas-producto. Las insti tuciones gubernamentales, como representantes del interés general, deben mediar entre los diversos intereses que se expresan en los procesos de integración de estas cadenas para lograr la concertación necesaria y la planeación estratégica que permita el mejoramiento de la competi - ti vidad global y la equidad social.


12 Es indispensable la promoción y el apoyo a estrategias comerciales que rescaten la identi dad regional de los productos con el fi n de que consti tuyan una vía de inserción en los mercados nacional e internacional, aprovechando las ventajas competi ti vas. Se trata de lograr una oferta de calidad, con mayor presencia de marca en el mercado y con mejor capacidad de negociación de las condiciones del intercambio por parte de los productores.


13 Se necesita impulsar un sistema integral de servicios fi nancieros para el campo, que apoye y esti mule una cultura del ahorro y el crédito en el sector, ya que la enorme mayoría de los productores no ti ene acceso a servicios fi nancieros. Este sistema debe agluti nar diversos servicios e incorporar a la banca comercial a parti r de esquemas mixtos de fi nanciamiento para promover el crédito al campo desde las insti tuciones de banca social, así como formar recursos humanos especializados para atender al sector de la producción primaria.


14 Es necesario fortalecer la políti ca internacional para mejorar el posicionamiento del sector agro alimentario en los mercados globales Se debe buscar la actualización y la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia agropecuaria, debido a que el contexto ha cambiado con respecto a cuando éste se fi rmó y a que las condiciones de los productores mexicanos no han evolucionado como se suponía al momento de la negociación.


15 Deben impulsarse y consolidarse las acciones de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, ya que el éxito de las inversiones en proyectos producti vos depende fuertemente de que exista un esquema efi caz de prestación de servicios profesionales para lograr el fortalecimiento del capital humano y social de los productores, especialmente de los más desfavorecidos.


16 Se debe hacer un esfuerzo especial de carácter presupuestal y logísti co para impulsar de manera intensa la investi - gación cientí fi ca y tecnológica en todos los ámbitos de la producción rural, ya que este elemento consti tuye sin duda una de las principales palancas para el desarrollo de la competi ti vidad. Se debe incrementar sustancialmente los apoyos a las universidades e insti tutos de investi gación y reorientar sus líneas de trabajo para atender las necesidades de las cadenas agroalimentarias y las regiones.


17 Se debe impulsar una alianza con las organizaciones campesinas sobre la base de acuerdos estratégicos de políti ca pública. Es necesario superar los esquemas clientelares para buscar una relación basada en las coincidencias de enfoque y visión de largo plazo sobre el campo. Se requiere fomentar la organización económica de base y asignar apoyos sobre la base de proyectos con fundamento técnico y viabilidad económica. Es muy importante lograr una mayor apertura de los espacios de parti cipación para las organizaciones en los ámbitos territorial y sectorial.