El presidente Felipe Calderón envió ayer al Senado una iniciativa que crea la ley de asociaciones público-privadas y reforma diversos ordenamientos para poder otorgar a empresas nacionales y extranjeras contratos hasta por 50 años, para que presten servicios de la más amplia naturaleza a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Según el documento, los contratos podrán prorrogarse un año antes de su vencimiento y permitirán a consorcios del país y trasnacionales realizar desde el trabajo más sencillo hasta un servicio público prestado a la comunidad, para atender una necesidad que corresponde satisfacer al Estado.

Para el senador petista Ricardo Monreal, se trata de una ley en extremo peligrosa que lleva dedicatoria a los sectores eléctrico y petrolero, busca profundizar en su privatización y entregar todo el país al capital extranjero. Van por todo, la electricidad en primera instancia, ahora que piensan que el golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas les deja el camino libre, pero ¡se equivocan!, recalcó .

La iniciativa presidencial –ayer fue presentada ante el pleno y turnada a comisiones– detalla que por medio de esa ley de asociaciones público-privadas, los tres niveles de gobierno unirán esfuerzos con particulares para desarrollar los proyectos de infraestructura que requiere la colec- tividad. Menciona proyectos en carreteras, puertos, aeropuertos y centros de salud y educativos.

En la exposición de motivos de la nueva ley, el Ejecutivo señala que la pretensión central es flexibilizar al máximo el marco jurídico que rige la contratación en el sector gubernamental, a fin de que la iniciativa privada nacional y foránea incursione en todo tipo de obras y servicios públicos, que le serán dados a través de concesiones, autorizaciones o permisos.

Por medio de esta última figura se ha permitido a particulares generar y vender electricidad, a pesar de la prohibición constitucional para ello.

En la iniciativa, Calderón señala que las concesiones y autorizaciones se regularán por las disposiciones actuales, excepto que los contratos serán hasta por 50 años. Además, dado que se trata de proyectos a largo plazo y en atención a la flexibilidad que requiere la contratación de estos esquemas, se prevé la posibilidad de prorrogar los contratos en cualquier momento, hasta un año antes de su vencimiento.

La propuesta incluye la posibilidad de que particulares puedan proponer por su cuenta proyectos de obras y servicios públicos, y en caso de que no resulten ganadores del concurso, se les otorgará un premio por haber participado y se le rembolsarán los gastos que hubiera realizado en los estudios preliminares.

Las empresas gozarán de otros beneficios. Los contratos podrán modificarse para mejorar las características de la infraestructura, incluyendo obras adicionales o bien al reconocer la existencia de circunstancias supervenientes que obliguen a ajustar el alcance del proyecto, de los servicios contratados o de ambos.

En la exposición de motivos se resalta que las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas –modificadas el año pasado, durante la discusión de la reforma de Pemex– no serán aplicables a los nuevos esquemas de contratos.

Calderón propone además modificar ambos ordenamientos para agilizar y flexibilizar la asignación de contratos, la adquisición de terrenos para la ejecución de obras y permitir esquemas de licitaciones mixtas o duales.

Se trata de dos licitaciones en una, con lo cual se ahorrarían tiempo y recursos, en virtud de que se aprovecharía un mismo concurso para la asignación de la concesión o de la obra pública. Asimismo, se podrán adjudicar directamente los contratos, acceder a licitaciones internacionales, cuando un concurso nacional se declare desierto. Otros cambios son dirigidos a que los particulares puedan gestionar la adquisición de los bienes inmuebles en que se ejecutaría la obra pública, entre otros.