e nueva cuenta Tabasco fue borrado temporalmente del mapa a causa de las inundaciones. Una vez más, esta entidad registra cientos de miles de damnificados, millones de hectáreas de cultivo anegadas, miles de cabezas de ganado perdidas, daños materiales incalculables y la destrucción abarca prácticamente 100 por ciento de su territorio (gobernador Granier dixit), mientras la lerda Secretaría de Gobernación, a pesar de lo obvio, evaluaba declarar el estado de emergencia en la entidad, lo que finalmente hizo ayer de forma parcial, cuando ya no hay mucho que evitar y sí demasiado que reconstruir.

Como sucede prácticamente cada año, parche sobre parche, pendientes quedaron las obras hidráulicas que permitirían evitar el anegamiento de la entidad, y como siempre pasa algo que las retrasa, Tabasco de nueva cuenta está bajo el agua en espera, otra vez, de que las autoridades federales entreguen ayuda suficiente. De acuerdo con la primera evaluación del gobierno estatal, se registran alrededor de 200 mil damnificados por las intensas lluvias que azotan a la entidad; se han destruido todas las cosechas de caña de azúcar, arroz, cítricos, miles de cabezas de ganado; hasta el momento hay 3 muertos y decenas de comunidades todavía incomunicadas por los altos niveles agua; es urgente la ayuda alimentaria para todos los afectados y sobre todo para que, una vez que comienza a bajar el nivel de inundación, poder evitar la aparición de enfermedades.

La tragedia es recurrente, pero una vez superada la emergencia, todo vuelve a su cauce, es decir, nadie hace nada para evitar otra inundación. Justo un bienio atrás en este mismo espacio comentamos que los avisos han sido muchos, pero todos desoídos. Con base en parches y muchos discursos, los gobiernos federal y estatal, con sus gerentes en turno, han tratado de solucionar el problema, y el resultado ha sido que cada que Tabasco registra el impacto de un fenómeno natural el desastre es mayor, hasta llegar a la más reciente devastación (2007), con 50 por ciento de la población afectada y/o damnificada, la infraestructura económica colapsada y las autoridades entregando cajitas de despensa, como siempre.

Decíamos en aquel momento que no es necesario recurrir a la cartomancia para advertir que lo que hoy vive Tabasco y su gente volverá a suceder, si finalmente no se toman decisiones y acciones reales e integrales para evitar el permanente naufragio del estado y su población, porque con discursos y despensas nunca se resolverá. Pasan los años y se exacerba el daño y la irritación social, y las autoridades siempre se sorprenden, pero no hay como la memoria para confirmar que poco han hecho, por no decir nada, los gobiernos.

Lo anterior nos remitió a las lluvias torrenciales que azotaron Tabasco en 1999, cuyo balance de daños, mucho menores que los de 2007, presentó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en abril de 2000 (Evaluación del impacto económico de las inundaciones ocurridas entre septiembre y octubre de 1999). De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias de la temporada 1999 en Tabasco iniciaron a mediados del noveno mes del año y se prolongaron 77 días. A principios de octubre, las aguas de la presa Peñitas (ubicada en Chiapas, en la parte más alta del sistema hidrológico de Tabasco), habían sobrepasado el nivel máximo ordinario de la misma, obligando al desalojo de gastos de hasta 2 mil 323 metros cúbicos por segundo. Debido a lo anterior, y al hecho de que los ríos habían alcanzado niveles extraordinarios, el proceso natural de desalojo hacia el mar se dificultó generando inundaciones en áreas urbanas, suburbanas y de uso agropecuario. El estancamiento de las aguas por tan prolongado tiempo ocasionó pérdidas importantes en la infraestructura económica y social, así como en los sectores productivos del estado, al haberse detenido o entorpecido sus actividades y trastornado la vida de importantes segmentos de la población.

Ese año las pérdidas económicas superaron los 2 mil 500 millones de pesos (20 veces menos que las estimadas en 2007), equivalentes a 23 por ciento de los recursos asignados en 1999 por el gobierno estatal para inversión y desarrollo de la entidad. En términos de producción petrolera el desastre fue equivalente a perder los recursos de 303 días de extracción (en aquel entonces la producción de Tabasco se acercaba a 550 mil barriles diarios, con un precio estimado en 15 dólares por barril). Los sectores con mayores afectaciones fueron vivienda, agua y saneamiento, ganadería, transporte y comunicaciones e industria manufacturera. También tuvieron importantes efectos en la producción agrícola, comercio y cuidado de la salud.

Ocho años después, en 2007, el daño económico se multiplicó por 20, en espera del siguiente fenómeno natural y en medio de discursos, muchos discursos. Setenta por ciento del territorio estatal se inundó, según estimaciones gubernamentales, y en unos cuantos días alrededor de la mitad del producto interno bruto tabasqueño se lo tragó el agua, producto de la inundación, la falta de prevención, los diques mal construidos y las corruptelas entre autoridades y empresas constructoras involucradas.

Apenas un par de años después de aquella tragedia, de nueva cuenta Tabasco está bajo el agua al 100 por ciento (Granier dixit), y hoy, como en 2007, en 1999 y en tantas otras ocasiones, las obras hidráulicas que evitarían las inundaciones y protegerían a la población brillan por su ausencia, en espera de la siguiente tragedia en una entidad en la que, a pesar del petróleo –que no se incorpora a las cuentas estatales–, el producto interno bruto es uno de los más escuálidos de la República, inmerso en el circuito de menor desarrollo, con tasas de crecimiento inferiores a la de por sí raquítica media nacional (1.2 contra 2.2 por ciento, respectivamente), lo que implica una situación de permanente supervivencia para sus pobladores con o sin inundaciones, aunque mayormente en esta última circunstancia.

Las rebanadas del pastel

Un mes ha transcurrido desde el decretazo calderonista que extinguió Luz y Fuerza del Centro y arrasó con 45 mil empleos permanentes, para dar libre cauce al negocio privado de la fibra óptica con recursos públicos. Un largo mes en el que una juez dio el banderazo de salida para que las decisiones autoritarias sean revertidas. En vía de mientras, el SME hoy vuelve a mostrar el músculo, acompañado por 700 organizaciones solidarias.

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