Opinión
Ver día anteriorViernes 6 de noviembre de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Sempra y Elorduy
D

e acuerdo con Wikipedia, la ascensión del crimen organizado puede llevarles a usar estrategias delictivas como el chantaje, amenaza, asesinato, intimidación en busca de ganarse el favor de la administración, eliminar a la competencia y sortear los procesos jurídicos en contra de tales actividades. Dada la dureza de las estrategias empleadas, su régimen económico más habitual es el de monopolio en las zonas de menor rendimiento económico y de oligopolio en las de mayor.

Claro que debe haber definiciones más profundas y extensas sobre el tema, pero tomando ésta como referente general, podemos señalar que en esta dinámica se enmarcan el fraude energético a California de Enron y Sempra Energy, que llevaron a la renuncia al gobernador Gray Davis, y a la maquinación para convertir Baja California en el cuarto de máquinas de energía del sur de Estados Unidos, en una colusión de intereses entre Sempra y el ex gobernador Eugenio Elorduy.

Estas actividades son las que se produjeron el sexenio anterior con el fin de consolidar la estrategia para suministrar energía eléctrica y gas a Estados Unidos, utilizando el territorio de Baja California como plataforma para proporcionar dicho servicio.

Siendo el abasto de energía de Estados Unidos un asunto que pudiera haberse tratado como uno de los temas de la agenda bilateral con México, donde las necesidades de aquel país fueran contrastadas con las nuestras, y establecer mecanismos de cooperación binacional, se optó por el camino que escoge el crimen organizado, a espaldas de los intereses nacionales y bajacalifornianos.

Durante el sexenio del presidente Fox se otorgaron permisos anticonstitucionales para construir plantas de generación de energía eléctrica de exportación y suministro de gas con el fin de abastecer el consumo del suroeste de Estados Unidos. Diferentes firmas internacionales fueron las beneficiarias de dichas concesiones: Sempra Energy, Shell, Chevron Texaco, Marathon Oil, Phillips Petroleum, entre varias más.

Sempra Energy tuvo oportunidad de concretar sus proyectos en Baja California, porque contó con la complicidad y favores de la administración del gobierno de Elorduy, quien al amparo del ejercicio del poder desestimuló a las competidoras de Sempra para que no se instalaran en Baja California. Utilizó la estructura del poder estatal sin pudor y trastocó la institucionalidad del Estado para imponer sin recato a sus socios trasnacionales.

Sempra y Elorduy hacen hasta lo imposible por demostrar en público la relación inocultable de los intereses que por debajo se confabularon, pero las pruebas no mienten, ya que los documentos son públicos, e incluso las patéticas declaraciones de ambos terminan por convencer al respetable de su incestuosa y pervertida relación.

Los hechos los desmiente la hija del ex gobernador, Erika Elorduy, quien aparece como otorgadora de poderes de Distribuidora de Gas Natural de Servicios D de R (DGN) en la constancia pública del Registro Público de la Propiedad de Comercio de Mexicali, en la partida 5152907, del 6 de enero de 1998, a Francisco Molina Robles, público prestanombre de la familia Elorduy. ¿De cuándo acá los socios de una empresa otorgan los poderes a una persona ajena a sus intereses?

DGN y Sempra Energy son autorizadas por la Comisión Federal de Competencia para fusionarse el 30 de enero de 2003, mediante la resolución CNT-155-2002, a seis meses de que la Comisión Reguladora de Energía expidiera el permiso a Sempra Energy para la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) en el municipio de Ensenada. Sin embargo, si existía duda de la relación entre Sempra y Eugenio Elorduy, la trasnacional acaba de reconocer que Bernardo Martínez Aguirre, secretario general de gobierno durante el mandato de Elorduy, ahora es su empleado. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Ellos mismos declaran y hacen público que quien operó desde la estructura interna del poder del anterior sexenio trabaja para ellos y al mismo tiempo niegan cualquier relación. ¡Por favor, más respeto pa’l pasaje!

Por otro lado, señalan que la polémica se debe a un problema entre particulares por un terreno en la zona de amortiguamiento que requieren las plantas regasificadoras para su funcionamiento. Más bien, este asunto encuera la forma en que el gobierno de Elorduy y Sempra se coludieron. Al margen de la razón legal que los tribunales determinen, las declaraciones de los funcionarios causan hilaridad y son objeto del escarnio público:

Sempra: Por lo que hemos empezado a averiguar, aparentemente sí había fallecido.

Elorduy: El propietario del terreno donde se construyó la planta de gas, de nombre Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, es un defraudador.

Con estas dos perlas que nos regalan podemos concluir que Sempra reconoce haber realizado una operación de compra-venta imposible porque la persona había fallecido, mientras Elorduy admite que Sánchez Ritchie es el propietario, a quien él, siendo gobernador, mandó desalojar. Ha confesado en público que es un delincuente y termina con un reto propio de un barbaján: me la van a pellizcar. Las autoridades tienen la palabra.