omo a las ocho de la noche me hizo la parada frente al Metro San Cosme un señor con dos chavitos, como de 15 o 16 años. Luego supe que eran sus hijos. A las pocas cuadras el señor sacó una pistola y me dijo que me estacionara en una calle oscura. Me obligó a acostarme en el suelo; uno de los chavitos me quitó mi cinturón y me amarró las manos por detrás de la espalda, mientras el otro me ponía un cuchillo aquí en la garganta. Ya después me vendaron los ojos. No, no fue un secuestro exprés: desde esa hora y hasta las cuatro de la mañana anduvimos repartiendo cocaína; fuimos a varias vecindades de Tepito, a otros lugares como por La Merced, yo nomás oía y sacaba deducciones. El señor manejaba mi taxi y sus hijos se bajaban a entregar la droga y a cobrar el dinero. Ya casi era de día cuando me aventaron del vocho como un costal y se fueron. Hacía mucho frío y sonaba ruido de agua. No sé ni cómo me pude desamarrar, pero me quité la venda y me dí cuenta de que si hubiera tratado de levantarme así, a ciegas, me habría caído y me habría ahogado, porque me dejaron juntito al borde de una presa en el estado de México. Si esa presa hablara, quién sabe cuántos cadáveres diría que tiene allá dentro...” (Testimonio de un taxista del Distrito Federal, acerca del secuestro que sufrió en marzo de 2007, en el contexto de la guerra calderónica contra el narcotráfico.)

II

Los campesinos deben aprender del modelo del narcotráfico. [Los mafiosos] identifican su mercado y crean su logística. ¡Ellos sí saben atender los mercados!. Jeffrey Max Jones Jones, inventor, mercenario, abigeo, agente doble, cantante de serenatas, aviador y jugador (que) conduce viajes espaciales, administra gobiernos, sofoca insurrecciones, arregla carreras de caballos, deroga impuestos, doma tigres, y castra dinosaurios, según su tarjeta de presentación personal. Hasta el jueves era subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura del gobierno de Felipe Calderón.

III

En febrero de 2002, en la Unidad de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quedó terminada una sala de terapia intensiva para seis pacientes de trasplante de corazón, otra de hospitalización para ocho más y un área de oficinas. Las flamantes instalaciones no se inauguraron en ese momento porque no había dinero para contratar personal. Corría el sexenio de Vicente Fox y México estaba produciendo los mayores excedentes petroleros de su historia y ganando, por ese concepto, más millones de dólares que nunca, pero la sala de trasplantados siguió sin estrenarse.

Terminó el periodo de Fox, comenzó el de Calderón y la sala continuó cerrada. En febrero de 2009, el doctor Alfonso Alberto Cerón Hernández, coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades (UMAE) del Siglo XXI, nombró director general de Cardiología a su amigo, el doctor Ricardo Jáuregui. Éste, ni tardo ni perezoso, vio una buena oportunidad de negocio y ordenó desmantelar los techos y muros de la sala para trasplantados y volver a construirlos, pero a un costo cinco veces mayor que el original, denuncian a esta columna médicos de ese nosocomio que piden el anonimato por temor a ser despedidos.

Jáuregui ha montado un coto de poder, en el que controla a los proveedores y a los peritos que supervisan y autorizan las compras, y todos se reparten comisiones que resultan de los precios que inflan. Al solicitarles un ejemplo concreto, los médicos subrayaron que recientemente Jáuregui adquirió dos monitores telemétricos (o sea, que permiten verificar la temperatura, la presión y el ritmo cardiaco de un paciente a larga distancia) para la sala de terapia intensiva de la unidad de Coronarias.

En el mercado, cada monitor tiene un precio de 100 mil pesos; sin embargo, añadieron los denunciantes, Jáuregui autorizó que se pagaran 300 mil por cada uno, y lo peor es que uno era de segunda mano. Esto, por desgracia, concluyeron, ocurre diariamente: esperamos que Daniel Karam (el director general del IMSS) ordene una investigación exhaustiva y detenga el saqueo.

IV

Hoy, desde las 10 de la mañana, con el apoyo de las organizaciones Pro Tlalpan, Salvemos Tlalpan, Amigos del Bosque de Tlalpan y vecinos del Ajusco Medio, se efectuará una clausura simbólica de la gasolinera que en el número 4097 de la avenida Insurgentes Sur construye el empresario José Talavera Ugalde, miembro de la familia que hace muchos años posee allí los restaurantes Don Enrique y Ponte Vecchio.

La movilización se llevará a cabo en solidaridad con los vecinos de la unidad habitacional Tlalpan 2, un conglomerado de 120 viviendas en las que habitan sobre todo catedráticos de la UNAM, médicos, profesionistas de otras disciplinas y jubilados. Para ellos, la instalación de una gasolinera con tres tanques subterráneos de 100 mil litros cada uno, que dará servicio 24 horas al día, constituye, en primer lugar, una amenaza a nuestra seguridad y a nuestra salud, una agresión al medio ambiente, una violación a la Ley de Participación Ciudadana y una garantía de que el negocio causará embotellamientos continuos en un tramo de Insurgentes, de por sí estrecho debido al Metrobús, dijo a esta columna José Luis Suárez, uno de los vecinos del conjunto, quienes decidieron organizarse como la APPO, es decir, sin líderazgos protagónicos.

Suárez añadió que, por ley, ninguna gasolinera puede estar a menos de 15 metros de una vivienda, y sin embargo, ésta va a estar separada de nuestras casas apenas por un muro de 25 centímetros. Además, para qué quieren un depósito de 300 mil litros, que es una bomba de tiempo, si en la gasolinera Leo, que está 800 metros más adelante sobre la misma avenida, el promedio semanal de ventas es de 40 mil litros. Hemos hecho ya varias peticiones a Marcelo Ebrard para que intervenga y ponga alto a esta obra que están construyendo en una zona donde hay viviendas, escuelas, comercios, hospitales y una estación del Metrobús.

Los vecinos, aseguró, estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para detener este atropello, y si el gobierno del PRD no nos toma en cuenta buscaremos el apoyo de otros partidos.

V

En la colonia Palmitas, en Iztapalapa, hace 19 días no hay luz. A diario se producen cinco bloqueos viales en esa delegación, donde vecinos desesperados por la falta de energía eléctrica no hallan otra forma de lograr que los atienda la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando las protestas se dan en vialidades como la calzada Zaragoza, José Angel Ávila, secretario de Gobierno de Marcelo Ebrard, manda a los granaderos a golpear a la gente. Clara Brugada, titular provisional de esa demarcación, ha tenido que interponerse entre los gorilas y los inconformes para evitar la violencia. Por su parte, los técnicos de la CFE andan con la lengua de fuera, llegan a la capital desde el norte y el sur del país, y como no conocen los aparatos de Luz y Fuerza del Centro tardan en promedio cinco horas en arreglar un desperfecto que cualquier electricista del SME compondría en 20 minutos. ¿Y la huelga general para cuándo?

jamastu@gmail.com