ué bueno que corrieron a esos flojos, culpables de los apagones y cobros excesivos del servicio eléctrico! ¡Qué bueno que golpearon a uno de esos sindicatos privilegiados que tanto dañan al país! Estas son expresiones de un sector de la población que atribuye a los trabajadores electricistas sus añejas inconformidades con la baja calidad de los servicios públicos. Esta reacción omite considerar que la mayor parte de la responsabilidad sobre la situación de dicha empresa es imputable al propio gobierno, quien para encubrirla, atiza el descontento popular a través de una campaña masiva en contra de los trabajadores.

No perdamos de vista el origen de este conflicto. No inició por una huelga, tampoco por una agresión de los trabajadores. Estaban vigentes un convenio de productividad y un contrato colectivo de trabajo producto de una negociación periódica avalada tanto por la empresa como por las autoridades hacendarias, de energía y de trabajo. Repentinamente, el gobierno consideró oportuno dar un golpe por la espalda, aprovechando que los trabajadores estaban distraídos en una diferencia interna, manipulando la toma de nota, absurdamente aún pendiente. Un gobierno democrático, sustentado en principios de buena fe, hubiera actuado de manera distinta, planteando a la opinión pública los problemas de la empresa, su origen y plan para resolverlos; se apoyaría en la concertación, y en caso de desacuerdo, acudiría a la ley, que le otorga los medios para garantizar la calidad del servicio público y la costeabilidad de la empresa; jamás acudiría al despido masivo como estrategia.

¡Poco importa que todo sea ilegal, lo fundamental es que funcione! Es otra frase común, muestra clara de una cultura de menosprecio al orden jurídico vigente, como si éste fuera un obstáculo para el progreso. En este conflicto está acreditado que el gobierno omitió someterse a las reglas que la ley le impone en su condición de patrón, porque consideró que reducía el efecto mediático de la medida de fuerza. Soslayar la importancia de la legalidad y festejar los actos arbitrarios en aras de una supuesta eficiencia, suelen más tarde revertirse. La ley es el medio idóneo para convivir en paz y lograr cierto grado de igualdad, sobre todo en una sociedad caracterizada por la inequidad.

¡Si te amparas no hay premio! ¡Si te esperas, después del 17 de noviembre te arriesgas a perderlo todo! Son amenazas para evitar que los trabajadores acudan a los recursos que la ley les otorga y que los tribunales de amparo definan quién tiene la razón. Utilizan estos chantajes a sabiendas de que por la vía legal tienen perdida la batalla, porque necesitan con urgencia volver a contratar a un buen número de trabajadores para operar las plantas eléctricas, porque saben que el valor financiero y actuarial de un trabajador que se liquida incluyendo el premio es sensiblemente inferior al crédito laboral que la empresa les adeuda en razón de la futura jubilación; por este motivo, otras empresas paraestatales se han visto obligadas a ofrecer prejubilaciones a los trabajadores con antigüedad avanzada. Pero la razón principal del gobierno es mostrarse victorioso en su batalla antiobrera, a pesar de saber que podía haber implementado una restructuración sin el costo humano, financiero y los riesgos a los que somete a la comunidad por la improvisación de su medida. Con esta decisión apostó todo en favor de un sindicato de liderazgo priísta, exhibiendo el modelo laboral con el que está comprometido. Evidentemente le será difícil en el futuro recuperar su discurso de modernización del mundo laboral.

El gobierno tomó instalaciones y despidió trabajadores antes del decreto presidencial y ahora tardíamente acude ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solicitando la aprobación de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón. Es obvio que esta hipótesis legal definida como sucesos de la naturaleza, ajenos a la voluntad de las partes que impiden la continuación de los trabajos nada tiene que ver con el caso. Se redita la maniobra que se aplicó a los mineros de Cananea, cuando el pasado 14 de abril en una sola audiencia, que empezó a las nueve de la mañana y terminó el mismo día con laudo incluido, se pretendió acabar en paquete con el contrato, el sindicato, la huelga y las relaciones de trabajo. So pena de declarar muerto el derecho del trabajo, estos ardides no deberán ser avalados por el Poder Judicial Federal.

A partir de estos agravios, la sociedad debe presionar hacia una solución que evite el inhumano despido masivo, el derroche de recursos públicos y garantice un servicio público de calidad para la comunidad. Esta solución daría a nuestro país un aliento que le es urgente.

Nuestra solidaridad con los compañeros del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), cuya fuente de trabajo también pretende desaparecer el gobierno sin respetar la ley, a pesar de su papel estratégico en la capacitación rural; con los trabajadores huleros de Continental AG en su lucha contra las reiteradas violaciones contractuales y por la reinstalación de sus decenas de despedidos; con los técnicos y profesionistas de Pemex que esperan la resolución definitiva sobre su registro sindical negado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la reinstalación de su dirigencia; con los trabajadores del Sindicato de la Universidad de Puebla (Suntuap) que después de cinco amparos en su favor continúan sin ser reconocidos por la junta laboral poblana; con los mineros de Cananea que dan ejemplo de dignidad; y con las sobrecargos de Mexicana de Aviación, porque a pesar de que ganan todos sus amparos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por instrucciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social les impidió anteayer por quinta ocasión la revisión anual de sus salarios.