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Se analiza dar trato similar al de quiebra de una empresa

Se complica la liquidación del PSD; tiene adeudos por $113 millones
 
Periódico La Jornada
Lunes 19 de octubre de 2009, p. 14

Tras la pérdida del registro, la liquidación del Partido Social Demócrata (PSD) se ha comenzado a complicar más allá de lo previsto originalmente por el Instituto Federal Electoral (IFE). La razón: los adeudos que ha confirmado el interventor designado por el organismo superan los 113 millones de pesos, lo que supone un proceso más complejo para finiquitar la situación financiera de ese instituto político.

Las deudas duplican incluso los 55 millones de pesos que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que le fueran entregados al interventor como parte de las prerrogativas de septiembre-diciembre, a un partido que legalmente ya no existe desde agosto pasado.

Ante esa situación, el interventor, la Unidad de Fiscalización y los consejeros que fueron asignados para dar seguimiento a la liquidación del PSD han comenzado a valorar dar trato similar al de quiebra de una empresa para ponderar el pago de los adeudos a los acreedores del PSD, toda vez que existen deudas con empresas, bancos, trabajadores –liquidaciones– y con el propio IFE.

Tan sólo por concepto de impuestos, el PSD dejó saldo de 17 millones de pesos, los cuales deberán ser pagados con los recursos restantes del partido –las prerrogativas que le otorgó el TEPJF y la venta de los pocos bienes inmuebles con que cuenta–, incluso antes de los adeudos de los acreedores.

Lo anterior porque, paradójicamente, con el proceso que se sigue en el PSD se estrena formalmente el nuevo reglamento de liquidación de los partidos políticos, aprobado en su momento para que se evitaran nuevos excesos, como los que en su momento ocurrieron con el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), que dejó deudas y multas sin pagar, sin que sus ex dirigentes asumieran responsabilidades.

En el IFE se evalúa la disposición del PSD a finiquitar el asunto, en el que no se han detectado manejos irregulares de recursos, pero que utilizó un esquema similar al que todos los partidos aplican en épocas de campaña: endeudarse con cargo a prerrogativas futuras.