17 de octubre de 2009     Número 25

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Presupuesto rural electorero,
dicen los legisladores;
“lo ajustaremos”: Cruz López

  • Discurso gubernamental pro-pobres, pero acciones que los marginan, denuncia Ríos Piter
  • Busquemos alternativas en crédito para compensar reducción en gasto: Usabiaga

FOTO: José Antonio López / La Jornada

Lourdes Edith Rudiño

Aunque con enfoques diferentes, diputados del PRI, PRD y PAN coinciden en la necesidad de un ajuste al alza en rubros del presupuesto rural 2010. El presidente de la Comisión de Agricultura, el priista-cenecista Cruz López Aguilar, señaló que la propuesta de gasto del Ejecutivo hizo un recorte de 20 mil 400 millones de pesos sobre los programas Activos Productivos (lo que era Alianza para el Campo), Ingreso Objetivo, apoyos a diesel agropecuario y marino; infraestructura hidroagrícola y de caminos rurales, y financiamiento rural, y trasladó este monto exacto a incrementar en 50 por ciento el programa de Oportunidades y en 30 por ciento el Seguro Popular, sin haber hecho siquiera un replanteamiento o análisis de la política social.

Y esto es incongruente, pues Oportunidades creció en los cinco años recientes en 59 por ciento y ahora de 2009 a 2010 lo quieren elevar en 50 por ciento, no obstante que este programa (corazón de la estrategia social desde el zedillismo) muestra ineficiencia, considerando que de 2006 a 2008 el número de pobres creció en seis millones de personas a 50.4 millones, esto es uno de cada dos mexicanos es pobre contra la relación de uno a seis que hay en el mundo.

Así, el presupuesto rural se convierte en una estrategia electoral según la propuesta de Felipe Calderón “y en una reunión de la bancada del PRI con Hacienda pregunté por qué no siendo un paquete económico lo mandaron a la Cámara baja y por qué siendo electoral no lo entregaron al Instituto Federal Electoral”.

Los priístas en la Cámara de Diputados impulsarán una recuperación en los rubros productivos de Agricultura y de infraestructura que afecta el plan del Ejecutivo, pues de otra forma “estaríamos perdiendo la agricultura de contrato que aplica al maíz, trigo, sorgo y cebada principalmente, y que es lo mejor que tenemos en términos de certidumbre de apoyo financiero, de asistencia técnica y de paquetes tecnológicos”. Buscarán también elevar los montos para financiamiento de la banca de desarrollo, pues, dijo Cruz López, es lógico que si hay recursos públicos escasos, lo que debe hacerse en automático es reforzar la parte financiera, que en el plan de Calderón tiene dos mil millones de pesos de reducción.

Y en la parte del gasto social, los priístas “vamos a darle un redireccionamiento. ¿Por qué no utilizamos el incremento de 50 por ciento del recurso de Oportunidades para desarrollar las capacidades a nivel de traspatio y producir en los ejidos y comunidades, que tienen una vocación colectiva, y consolidar así un esquema que en el futuro podría reproducirse y hacer menos vulnerable la política social?”

Por su parte, el panista Javier Usabiaga, el conocido “rey del ajo”, quien fue secretario de Agricultura de Vicente Fox en 2000-05 y ahora ocupa la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara baja, dijo que “somos muy afectos a percibir como una debacle” toda reducción presupuestal. Pero ahora, dada la necesidad de racionalizar el gasto, lo que corresponde a los diputados es hacer una contrapropuesta: en su opinión, “debemos identificar y optimizar las partidas presupuestarias donde no vemos rendimiento en políticas públicas y abonar esas partidas a los rubros donde hay preocupación en el sector agroalimentario”.

¿Cuáles son los renglones que deben incrementarse?: activos productivos, fundamentales para inducir la inversión, y promoción de mercados, pues el sector agroalimentario “es la principal fuente de divisas después del petróleo”. Según Usabiaga, también preocupa la reducción del gasto en apoyos a la comercialización. “En este rubro debemos buscar otro tipo de estrategias que den certidumbre a los productores de que van a vender su cosecha y van a tener liquidez. A lo mejor sustituir (presupuesto) por algún sistema de crédito ágil”.

Para el diputado perredista Armando Ríos Piter, ex secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Guerrero y quien fue subsecretario de la Reforma Agraria durante el foxismo, resulta incongruente que, de acuerdo con la propuesta de Calderón, México sea el único país que plantea políticas de recorte presupuestario en programas y acciones estratégicos, como es el caso del campo, y ajustes del orden de cuatro mil millones de pesos tan sólo en infraestructura hidroagrícola y de caminos (indispensables para darle integralidad a las políticas agrícolas).

“Si hay una política comprobada que sirve para dinamizar la economía en tiempos de crisis es la de inversión, de infraestructura, que genera empleo y permite sacar del ciclo de caída a las economías en crisis, en especial cuando hay una situación crítica de pérdida de empleos (...) México está haciendo algo estructuralmente mal, pues somos el país que tiene peor desempeño hasta el momento en la crisis”.

Criticó el sesgo hacia el asistencialismo que muestra el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC). “La lógica de la Secretaría de Agricultura es que muy pocos campesinos son viables en términos económicos, y nosotros censuramos profundamente esa visión porque ha condenado desde hace más de diez años a los campesinos de zonas de alta marginación (en particular a los de zonas altas que imperan en la República) a que vivan de Oportunidades, de transferencias asistencialistas y no le apuesta a generar condiciones de transformación y desarrollo tecnológico para aprovechar que los campesinos pobres son todavía dueños de una gran parte de territorio y resguardan muchos de los recursos naturales”.

La propuesta del Ejecutivo para 2010 no modifica esta visión, más bien la profundiza. Por ejemplo, en los tres años recientes “se construyó un presupuesto específico (con orientación productiva y de seguridad alimentaria) para las zonas de mayor marginación que empezó para Guerrero, Oaxaca y Chiapas y que logró tener mil 500 millones de pesos el año pasado y ahora se ve reducido a 350 millones”. Esto “deja muy claro que las prioridades en el discurso son unas, que son atender a los pobres, pero en la práctica, todo es extraordinariamente ineficiente e inercial.

“Lo que este paquete económico (2010) demuestra es un interés específico de atender la problemática del gobierno de sus finanzas públicas, en lugar de utilizar la parte de presupuesto y tributaria como instrumentos para redinamizar la economía y creo que son dos cuestiones radicalmente distintas”, dijo Ríos Piter.

Más gasto productivo y menos asistencialismo demandan organizaciones

  • Alianza AMSDA-CNC-CNA revisa programas y ve ineficiencias

Lourdes Edith Rudiño

Organizaciones campesinas y de agroindustriales, así como las secretarías de Desarrollo Agropecuario de los estados, coinciden en que deplorar el sesgo que presenta el proyecto del Ejecutivo de Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) a favor de la vertiente social y en detrimento de la productiva.

De acuerdo con Octavio Jurado, director de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), al aumentar recursos para el gasto social y restar al mismo tiempo presupuesto en infraestructura y en programas que apoyan la productividad y la competitividad “se genera un círculo vicioso, donde se dejan de crear empleos, creamos más pobres y el gasto social va siendo más exigente”.

La propuesta del Ejecutivo Federal para el PEC prevé que los recursos para programas de desarrollo social del medio rural crezcan en 20.9 por ciento en 2010 respecto de 2009 en términos reales, para sumar 55 mil 439 millones de pesos de 2010, según un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados; por su lado, los recursos para las vertientes de infraestructura, económica y financiera caerían en 11.6, 23.3 y 59.5 por ciento, respectivamente, para sumar 48 mil 170.1 millones en el primer caso, 46 mil 537.2 millones en el segundo y mil 318.1 millones en el tercero.

Esto implica una reducción en el PEC de 18.3 por ciento para la Secretaría de Agricultura, para ubicarla en 60 mil 875.1 millones y de 23.8 por ciento en Comunicaciones y Transportes, que para el PEC contaría con 7 mil 546 millones, mientras que el recurso para los programas enfocados al medio rural de la Secretaría de Desarrollo Social subirían en 27.6 por ciento a 48 mil 478.3 millones de pesos, según el CEDRSSA.

La Confederación Nacional Campesina (CNC) ya advirtió, vía su presidente Cruz López, que sus diputados –quienes presidirán cinco comisiones en la actual 61 Legislatura– buscarán “darle un giro a la política asistencial y fortalecer la política productiva y económica (...) privilegiando las zonas rurales de mayor a menor marginación”. Los cenecistas también buscarán mantener viva a la Secretaría de la Reforma Agraria.

Carlos Ramos, miembro dela dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, coincide en la crítica pero va más allá: considera que los ajustes en el presupuesto federal en su conjunto y en el PEC particularmente se derivan de las distorsiones contenidas en la propuesta de Ley de Ingresos. “Es un cinismo muy grande el no presentar una propuesta que reestructure los regímenes fiscales privilegiados; pues el hoyo fiscal que tenemos es por esos regímenes, que han dejado de pagar 474 mil millones de pesos”.

Pero además, dice, hay una trampa en el PEC. “Año con año las organizaciones han luchado por elevar este presupuesto pero los incrementos que se logran ha sido objeto de mayor inequidad en la distribución presupuestaria, de una mayor falta de oportunidad en su aplicación y una mayor disfuncionalidad (...) el diez por ciento de los agroexportadores monopólicos se llevan el 80 por ciento de los recursos; ellos también gozan regímenes especiales fiscales y hacen uso del gasto público indebidamente”.

Igual que el año pasado, la AMSDA hizo alianza con la CNC y con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que representa a los agroindustriales, para analizar y presentar alternativas al PEC que propone el Ejecutivo.

Octavio Jurado comenta que los cuatro ejes que plantean para redireccionar el PEC son: uno, motivar y estimular el consumo de alimentos, que ha caído al tiempo que México registra la mayor inflación en alimentos 2008-09 dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al tiempo que se observa que el consumidor paga más y el agricultor recibe menos y que estamos en momento de precios agrícolas bajos e insumos caros; dos, fortalecer el empleo, “que es el principal desafío del medio rural”; tres, propiciar competitividad en las ramas productivas de manera diferenciada por regiones y sistemas producto, y cuatro, atender el cambio climático, pues debemos ya tener una planeación estratégica de los cultivos en razón de los metros cúbicos de agua que se utilicen.

En los análisis que AMSDA y sus aliados hacen observan que el programa Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiende a crecer en presupuesto, no brinda los resultados que se esperan, pues la pobreza sigue agudizándose También “vemos que Procampo es un instrumento poderoso, pero desvinculado de todo. Hemos visto que la Secretaría de Agricultura quiere hacer un Procampo más social. Nosotros pensamos que Procampo debe vincularse a la parte productiva y generación de inversión”.

En términos generales, la crítica es que el PEC ha venido creciendo pero sin generar los impactos deseados de mayor valor del PIB sectorial y de mayor empleo y bienestar de la población, y por ello deben revisarse los programas, como también debe revisarse el hecho de que en los ocho años recientes el gasto se ha concentrado más en el gobierno federal, y se ha hecho más ineficiente, comenta Jurado.