Rafael Romo Muñoz, responsable de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), aseguró que la Iglesia católica, por medio de sus casas-albergues busca prestar un servicio humanitario y sin fines de lucro, y criticó que pese a los acercamientos con diversas instancias gubernamentales locales y federales, somos señalados por algunas autoridades como promotores de la ilegalidad.

Recordó que La Iglesia católica ha realizado este servicio durante 23 años, cuando fundó su primera casa en Tijuana. El prelado indicó que la DPMH no evita la actuación del Instituto Nacional de Migración ni busca ocultar a migrantes sin documentos, porque casas y albergues son totalmente públicas. Aseguró que lo que hace es trabajar en conjunto con el INM y otros niveles de gobierno para denunciar violaciones de derechos humanos.

Todo esto lo expone Romo Muñoz en una carta que envió al al gobernador Humberto Moreira con motivo de los señalamientos que se hacen sobre el albergue Belén por el asesinato de Perla Judith Quintero y el intento de homicidio de Leslie Flores, presuntamente cometidos ambos actos por Reyes Gustavo Ardon Alfaro, migrante de origen hondureño.