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El gobierno estatal le entregó un terreno público de 457 hectáreas con facilidades de pago

Incumple empresa construcción de 33 mil 200 casas en Querétaro

El estado no estaba preparado para tal tamaño de infraestructura, arguye uno de los socios

Se reunirán con el nuevo gobernador para convencerlo de edificar una ciudad inteligente

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Vista del predio Sanfandila, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. El gobierno estatal vendió el terreno a plazos a una empresa inmobiliaria para construir 33 mil 200 viviendas, pero el proyecto no se llevó a caboFoto Demián Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 28 de septiembre de 2009, p. 31

Querétaro, Qro., 27 de septiembre. El gobierno estatal, que encabezará el panista Francisco Garrido Patrón hasta el 30 de septiembre, permitió a la empresa Desarrolladora Inmobiliaria Sanfandila pagar en parcialidades, durante cuatro años, casi 180 millones de pesos por un terreno de 457 hectáreas que era propiedad del estado, para que construyera 33 mil 200 viviendas económicas, lo que no ha hecho.

El 17 de junio de 2005 se publicó en el periódico oficial del gobierno estatal, La Sombra de Arteaga, el decreto por el cual el Poder Legislativo autorizó al Ejecutivo vender a la citada inmobiliaria 4 millones 224 mil 284.44 metros cuadrados (457 hectáreas) del predio Sanfandila –en la comunidad del mismo nombre, municipio de Pedro Escobedo– para construir más de 33 mil casas habitación.

El documento indica que se decidió enajenar los terrenos porque el municipio de Pedro Escobedo –a 29 kilómetros de la capital del estado– era idóneo para un proyecto urbano de grandes dimensiones que descongestionaría la zona conurbada a la capital.

Se acotó que los ingenieros civiles José Federico de la Vega Frías y Sergio Rodríguez Fajardo calcularon que el valor del inmueble era de 179 millones 850 mil pesos. También se indicó que el 30 de marzo de 2005 el representante legal de Desarrolladora Inmobiliaria Sanfandila, Luis Mier Cuevas, solicitó a oficialía mayor del gobierno estatal la adquisición del inmueble y se comprometió a edificar viviendas con áreas comerciales, de equipamiento, verdes y de recreación.

En el mismo documento se estipuló un plazo de seis meses a partir de la publicación del decreto para realizar la enajenación, y se determinó que el gobierno estatal destinaría los ingresos obtenidos por la venta del terreno a dotar a zonas urbanas de servicios básicos.

Cuatro años después, Luis Alfonso Mier Cuevas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, rechazó ser representante o apoderado legal de Desarrolladora Inmobiliaria Sanfandila, y dijo sólo ser socio. Agregó que el proyecto de edificar 33 mil 200 viviendas en Sanfandila no se concretó porque el estado no estaba preparado para recibir ese tamaño de infraestructura.

Los estudios que hizo la empresa internacional Softed así lo indicaron; sin embargo, el consejo (de la inmobiliaria, a cuyos miembros no identificó) decidió seguir adelante con los planes, y por eso hay un leve estancamiento en la evolución del proyecto.

Pidió prudencia para abordar el tema, pues hay algunos acuerdos específicos de la presidencia del Consejo de Desarrolladora Inmobiliaria Sanfandila con el Ejecutivo, los cuales tampoco precisó. Sostuvo que se buscan acercamientos con el gobernador electo, el priísta José Calzada Rovirosa, quien rendirá protesta el primero de octubre, para concretar una ciudad satélite, una ciudad inteligente, pues, como ocurre con cualquier proyecto que no se dio en su momento, puede surgir alguna evolución.

El 22 de agosto de 2007, el oficial mayor del gobierno estatal, Luis Miguel Sánchez Canterbury, explicó a diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la 55 Legislatura local (cuyo periodo concluyó el 25 de septiembre) que el comprador entregó al gobierno estatal 18 millones de pesos en 2005; al año siguiente pagó 30 millones, y en 2007 quedaba un saldo de 132 millones. Para 2009 la deuda sumaba 29 millones de pesos.

Señaló que realizaba gestiones extraoficiales para liquidar el saldo, anular el contrato o hacer que la empresa cediera los derechos en favor del gobierno del estado para que éste conservara la propiedad de los terrenos, cuyo mantenimiento costaba al erario 20 millones de pesos al año.

El secretario de Planeación y Finanzas estatal, Manuel Alcocer Gamba, indicó el viernes que los empresarios ya habían pagado la deuda, aunque no dio detalles y tampoco aclaró si hubo sanciones contra la inmobiliaria por la demora.