La Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) que a la brevedad y en estricto apego a la ley y la justicia presente las conclusiones no acusatorias en favor de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, así como la reparación del daño que les causó el Ministerio Público al encarcelarlas sin pruebas contundentes por el presunto secuestro de agentes federales en el estado de Querétaro.

Al presentar la postura del PRI, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda manifestó que las tres mujeres fueron detenidas con engaños, luego de que en un operativo, bajo el pretexto de combatir la piratería, un grupo de policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones esperaron a que compañeros suyos regresaran a pagar los daños causados a tianguistas en la comunidad ñañú de Santiago Mexquititlán, el 26 de marzo de 2006.

La injusticia en este caso es patente. Todas las evidencias de ese hecho señalan que no hubo secuestro alguno y que Jacinta Francisco Marcial ni siquiera participó en los incidentes y negociaciones generados por los daños del grupo policial. Su error consistió en salir en una foto panorámica publicada en un diario local. Con esa única y endeble prueba fue condenada, aseveró.

Por ello, dijo, no es suficiente con que sean liberadas, porque hubo delito policial. Se indujo la justicia con falsos testimonios. En consecuencia, además de retirar todos los cargos, la PGR debe indemnizarlas debidamente.

La diputada por el PRD Teresa Incháustegui reprochó que los agentes encargados de cumplir las leyes se convierten en criminales, en infractores de la población, sobre todo contra los grupos más pobres y discriminados, en este caso mujeres indígenas que fueron incriminadas por policías corruptos y encarceladas por jueces omisos.

Además, expresó, en los casos de las tres indígenas se exacerban todas las formas de discriminación: clase, pertenencia étnica y género, pero refirió que no son los únicos casos, pues en todo el país indígenas o personas de grupos vulnerables o marginados están en la misma situación.

Su compañera de grupo Leticia Quezada aseguró que existe reprobación social a la impartición de justicia, que en el juicio a las tres mujeres violó el debido proceso, y también exigió su inmediata liberación y que se les repare el daño. Jacinta, Alberta y Teresa han sido víctimas de discriminación racial y violencia institucional, resaltó.