La Iglesia católica del Distrito Federal instó a los tres poderes de la Unión a que hagan públicos todos los escandalosos privilegios extrasalariales de que gozan –como viajes, viáticos, dietas y bonos, entre otros– para que la sociedad juzgue cuáles no deben permanecer.

Consideró que el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben someterse a una consulta nacional en la que expertos en federalismo y académicos determinen un ajuste a su número de integrantes.

Adicionalmente, en las próximas elecciones federales –puntualizó– debe desaparecer en definitiva esta falsa y absurda representación proporcional en las cámaras de Senadores y de Diputados, que no representa a nadie más que a los intereses de los partidos y que son una carga fiscal para la población.

Luego de que en la semana se hizo pública la madeja de lo que en realidad es una maraña muy grande de enormes privilegios y gastos de que gozan miembros de los tres poderes, donde los sueldos resultan ridículos, la sociedad reclama transparencia, manifestó el vocero de la arquidiocésis local, Hugo Valdemar.

En entrevista, consideró que es positivo que los medios presenten públicamente el presupuesto escandaloso de que gozan los legisladores federales y locales, y que la sociedad presione para acabar con esos privilegios.

Los legisladores deben entender que no podemos seguir en una situación donde ellos viven como si estuviéramos en un país rico, como Finlandia o Estados Unidos, cuando somos una nación con graves carencias y necesidades, señaló.

La legislatura entrante –dijo– debe pensar seriamente en modificar la figura ficticia de la representación proporcional en las cámaras, debido a que no representan a nadie, más que a los partidos que colocan a su gente, pero no a la sociedad.

Respecto a la SCJN, se pronunció por acabar con las excesivas prestaciones y sueldos de los ministros. Los ministros también se han visto forzados a reconocer que hay cosas que deben cambiar; eso es bueno. Ojalá también tomen conciencia de que el país exige una depuración, donde no debe haber privilegios, máxime que son garantes de la justicia.