El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará el jueves la discusión para determinar si ejerce su facultad para investigar el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, que ha causado hasta ahora la muerte de 49 menores; en ese contexto, trascendió que se perfila una mayoría de ministros en favor de nombrar una comisión que indague si hubo violación grave de garantías individuales en esos hechos.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano anunció en la sesión de ayer del tribunal que enviaría en el transcurso del día su proyecto de dictamen sobre este asunto –que consta de más de 200 cuartillas– a los domicilios particulares de los ministros; posteriormente, el pleno determinó aplazar el conocimiento de otros casos hasta después de determinar si procede la petición formal del ministro Sergio Valls de que la SCJN forme una comisión sobre el caso.

Es decir, dada la trascendencia del asunto, este martes el pleno no se reunirá, para que sus integrantes estudien el proyecto de Aguirre, aunque no se dijo oficialmente si las dos salas que integran la Corte sesionarán en su horario habitual de los miércoles.

Ministros consultados sobre el asunto dieron por hecho que Aguirre mantendría su postura en contra de que la SCJN ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, con el fin de que se dejen las indagatorias en manos de las autoridades que ya conocen del asunto.

El hecho de que Aguirre haya comentado durante la sesión que su proyecto contiene los informes que le requirió a la Procuraduría General de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –la cual hizo un pronunciamiento horas más tarde al respecto–, quiere decir que las autoridades correspondientes ya están trabajando en el tema y que la Corte debe dejar que terminen con su encomienda, indicaron los funcionarios consultados.

Es decir, añadieron, que es improcedente la postura de Valls Hernández de que hay elementos para que la SCJN intervenga.

Sin embargo, subrayaron, existen ministros que no comparten esta postura, la cual ha sido contraria a que la Corte investigara casos como los de Atenco, Oaxaca y de Lydia Cacho.

De acuerdo con información obtenida, además de Valls, hay al menos cinco ministros que en privado han confirmado su postura en favor de que la Corte intervenga.

En todo caso, indicaron, se espera una discusión intensa, y no se descarta que ministros que tradicionalmente se han manifestado en contra de que la SCJN intervenga en este tipo de asuntos, se sumen a la mayoría que se está conformando para que el tribunal ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional e investigue violaciones graves a las garantías individuales.