Morelia, Mich., 17 de julio. La decisión del gobierno federal de no coordinarse con las autoridades de Michoacán en las estrategias para combatir la delincuencia se tomaría como la ocupación de un estado libre y soberano, enfatizó ayer el gobernador Leonel Godoy Rangel, quien exigió respeto a la Constitución mexicana, a la del estado y al pacto federal que de ellas emana.

En un mensaje leído este viernes, un día después de que el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anunciara el envío de más de 5 mil soldados y policías federales a la entidad, el Ejecutivo michoacano subrayó que conforme al espíritu de la Carta Magna, la coordinación no es discrecional, sino un deber que nos impone; de otra manera, se tomaría no como un esfuerzo conjunto, sino como la ocupación de una entidad que nuestra propia Constitución establece que es libre y soberana.

Acompañado por los integrantes de su gabinete, Godoy precisó que tras escuchar y revisar detenidamente el texto que leyó Gómez Mont, no se encuentra ningún elemento que permita pensar que la decisión de aumentar las fuerzas federales en el estado esté motivada en el espíritu de la Constitución, que obliga a los estados y a la Federación a mantener una coordinación y colaboración estrecha, ya que comparten el mismo territorio y obligaciones.

En tal sentido, demandó al presidente Felipe Calderón restituir la coordinación con el gobierno de Michoacán democráticamente electo, porque de otra manera será la delincuencia organizada la que salga ganando.

Y en respuesta a los señalamientos de dirigentes locales del PAN de que hay visos de ingobernabilidad en el estado, dijo que lo que hay son visos de ocupación

Casos preocupantes

Advirtió que de no reponerse la obligación de coordinación hay graves riesgos de que se obstruyan las tareas de seguridad pública y de persecución de delitos del orden común en la entidad, precisamente por esa ausencia de comunicación y colaboración. En este punto, mencionó algunos casos preocupantes que se han dado en Michoacán entre las policías federal y estatal. “El sábado 20 de junio –dijo–, las fuerzas federales ingresaron a las instalaciones que ocupa la Secretaría de Gobierno y la Comisión Forestal del Estado, sin autorización ni previo aviso y a pesar de estar bardeadas; el 4 de julio, el secretario general de Gobierno (Fidel Calderón Torreblanca) asistió a la ciudad de Lázaro Cárdenas, y al aterrizar en un aeropuerto del gobierno del estado, las fuerzas federales le marcaron el alto y le exigieron que informara a dónde, por qué y para qué se encontraba en esa ciudad, pese a que acudía a una reunión de trabajo en la Décima Zona Naval.

“Asimismo –continuó Godoy–, en el enfrentamiento ocurrido el 12 de julio en Lázaro Cárdenas, se recibió una llamada de auxilio en el C4 de esa ciudad, y los elementos (estatales) que se encontraban en el Centro de Protección Ciudadana acudieron al llamado, y en vez de ser recibidos por la Policía Federal como un apoyo, fueron sometidos y desarmados violentamente. Estos hechos reales son signos preocupantes en perjuicio de Michoacán”.

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, durante la ceremonia por el 108 aniversario del hospital Miguel Silva, el pasado juevesFoto La Jornada Michoacán

Excluido de la reunión del gabinete de seguridad, a pesar de la solicitud de participar que personalmente hizo a Gómez Mont en el encuentro que tuvieron el martes pasado, Godoy Rangel decidió fijar su posición en torno a los sucesos que acontecen en la entidad que gobierna. En el mensaje que dirigió ayer hizo hincapié en que “las diferencias entre los gobiernos federal y estatal se han agudizado a partir del operativo del pasado 26 de mayo (cuando fueron detenidos 10 alcaldes y 17 funcionarios estatales y municipales). Ahí se manifestó, y así lo han expresado diferentes autoridades federales, la falta de confianza en las autoridades estatales. Todo debido a que no estuvimos de acuerdo en la forma en que se realizó”.

Al respecto, lanzó varias preguntas a la Procuraduría General de la República: ¿acaso una orden de localización y presentación emitida por una autoridad administrativa permite a la autoridad federal ingresar violentamente a domicilios particulares, palacios municipales y a la sede del Poder Ejecutivo estatal? ¿Es suficiente, conforme a nuestras leyes, que alguien sea acusado para considerarlo un delincuente sin juicio previo? ¿Qué tal si resultan falsas las acusaciones y muchos de los detenidos son inocentes?

Por esas dudas –enfatizó–, se hace necesaria la coordinación, para que la aplicación de la ley no esté sujeta a valoraciones ni a prejuicios políticos. Y más todavía, recuerda a Calderón que en Michoacán nuestro proyecto político ganó en las elecciones de 2006, 2007 y 2009, y esta manifestación popular sería suficiente para darnos autoridad y por ello proponer estrategias complementarias a las federales en la persecución de los delitos.

Finalmente, aseveró que con este clima de desconfianza provocado por el gobierno federal se ponen en riesgo el funcionamiento del gobierno de Michoacán, por imponer políticas en materia de seguridad pública sin escuchar las de la administración estatal.

Y en un claro reclamo al trato dado por el Ejecutivo federal, subrayó: en todo momento hemos actuado pensando en el bien de los michoacanos; contradije un acuerdo del Consejo Nacional de mi partido sobre la relación con el gobierno federal porque pensé primeramente en mi obligación constitucional, más allá de mis posiciones político-partidistas. Sin embargo, a estas alturas sólo hemos visto que se recrudece la violencia, disminuye la inversión, baja el turismo, aumenta la migración, caen las remesas y, por consiguiente, se deteriora más el nivel de vida de los michoacanos, un estado ya de por sí pobre. Todo debido a una decisión unilateral del gobierno federal.