Opinión
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El 6 de julio
E

l lunes 6 de julio, unas cuantas horas después del cierre de casillas, apenas se conozcan las primeras tendencias electorales, estará arrancando –en los hechos– la carrera por la Presidencia de la República.

Los partidos políticos sabrán ya para entonces qué y cuánto representan en realidad dentro del tablero político nacional. Tendrán más o menos claro el número de canicas que les corresponde y su valor específico.

Pero los partidos también deberán iniciar una serie de evaluaciones y reflexiones con vistas a la elección presidencial de 2012, que pasarán, irremediablemente, por la necesidad o conveniencia de ajustar, o no, la legislación electoral vigente.

A últimas fechas, algunos partidos políticos, ciertos candidatos, legisladores, futuros legisladores, empresarios e inclusive consejeros electorales han comenzado a esbozar la posibilidad no sólo de realizar ajustes al marco electoral, sino que ya hablan de una contrarreforma.

Comentan la urgencia de empujar la contrarreforma de lo que, dicen, ha sido una reforma mal hecha e incompleta que, además y principalmente, pasa por encima de valores fundamentales de la democracia, tales como la libertad de expresión.

Todos ellos coinciden –aunque con matices– en sus afanes por establecer, lo antes posible, una agenda que perfile no cambios cosméticos a la ley, sino modificaciones de fondo que garanticen, al mismo tiempo, una más equitativa contienda para la próxima elección de presidente de la República.

Y en medio de todo el asunto, como uno de los puntos centrales de la eventual contrarreforma, plantean el devolver a los partidos políticos y a los grandes concesionarios de la radio y televisión, la opción de comprar y vender tiempos en procesos electorales sin restricciones, subrayan.

Llama la atención, particularmente, el momento político en que la versión comienza a tomar forma: justo cuando el país llega a trompicones a la recta final de una elección intermedia regida por una muy polémica legislación electoral que, además, parece perfilarse como una de las más abstencionistas.

Es decir, pareciera que el asunto no es una mera ocurrencia, sino una idea claramente concebida y madurada que, para fortalecerse, pero sobre todo para legitimarse, apuesta al fracaso de la reforma electoral pasada, situación que podría terminar de ocurrir este domingo 5 de julio.

Contrarreforma o no, lo cierto es que para llevar adelante cualquier modificación al marco electoral no debe haber lugar para precipitaciones ni para mayoriteos. Hay tiempo de sobra y cada vez queda más claro que legislar de manera incompleta, al vapor y con base en la imposición de mayorías, no es la receta recomendada.

También es falsa la idea que se pretende vender por ahí, en el sentido de que durante la jornada electoral del domingo se pondrá a prueba el marco electoral con vistas a la elección presidencial de 2012. Un proceso intermedio no es comparable en modo alguno con una elección presidencial.

No es lo mismo. En las intermedias, los partidos políticos se juegan posiciones, casi todos ganan, poco o mucho, pero hay ganancia; en las elecciones presidenciales sólo gana uno y lo que está en juego, nada más y nada menos, es el poder.

La legislación electoral derivada de la reforma lograda en 2007 ha dado muestras claras de ser insuficiente e inconveniente para guiar una elección presidencial. Esa reforma fue producto, en mucho, de la enorme desconfianza que los partidos políticos mexicanos se tienen entre sí, así como del recelo con que la oposición mira al gobierno.

Por eso, sumido en esa desconfianza que, por supuesto, se extiende hasta el Congreso, al legislador no se le ocurrió otra opción mejor que concentrar en el Instituto Federal Electoral atribuciones y facultades que no le competen, que solamente lo saturan y le han provocado desgastes tan innecesarios como inconvenientes.

Del resultado de los comicios del domingo próximo no puede depender la decisión de hacer o no ajustes a la legislación electoral. Éstos tendrán que darse necesariamente. Hay que valorar con cuidado qué sirve y qué requiere de modificaciones. Qué ofrece certidumbre y qué no. Pero lo que no puede ocurrir, de ninguna manera, es caer nuevamente en la feria de la desconfianza y menos aún ceder a las presiones y a las prisas promovidas, a todas luces, por los muy particulares intereses de siempre.