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El Comité para la Protección de Periodistas recuerda que México es muy peligroso para los reporteros

Exhortan al Congreso a convertir en delito federal los ataques a la libre expresión
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de abril de 2009, p. 13

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó al Congreso mexicano a aprobar, de preferencia en las próximas cuatro semanas, medidas pertinentes para federalizar los crímenes contra la libertad de expresión y detener la ola sin precedente de violencia en México (que) inhibe el derecho fundamental de los mexicanos a expresarse libremente.

En un comunicado fechado en Nueva York, donde tiene su sede, el coordinador del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, recordó que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó una legislación que impone penas a los crímenes contra la actividad periodística, lo que es un paso alentador, pero aún preliminar.

De ahí que instó a los líderes del Congreso a mostrar su compromiso total con la protección a la libertad de expresión aprobando una enmienda constitucional que dé a las autoridades federales el poder para atraer crímenes contra periodistas. Las sesiones del Congreso concluyen en abril y, con elecciones previstas para julio, la mejor oportunidad para adoptar esta legislación es en las próximas cuatro semanas, manifestó Lauría.

Consideró que la aprobación de nuevas sanciones no tendrá el efecto profundo que se necesita sin la adopción de una reforma constitucional.

Según la reforma del artículo 73 de la Constitución Mexicana, precisó Lauría, las autoridades federales tendrían facultades más amplias para investigar y castigar crímenes contra la libertad de expresión. Esta propuesta fue aprobada el 18 de marzo por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y es estudiada por la Comisión de Justicia, según fuentes del CPJ.

Recordó que México es uno de los lugares más peligrosos para los periodistas en el mundo. Desde 2000, añadió, 25 periodistas han muerto, por lo menos 8 ellos en represalia directa por su trabajo. Además, 7 han desaparecido desde 2005. Según investigaciones del CPJ, las autoridades locales y estatales mexicanas han sido ineficaces en su intento por resolver casos vinculados a la prensa, y en algunas ocasiones han sido cómplices de los crímenes.