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Deberán informar casos sospechosos al MP

Notarios, listos para cumplir normas sobre extinción de dominio
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de abril de 2009, p. 38

El gobierno capitalino informó que los notarios públicos de la ciudad se mantendrán atentos ante cualquier solicitud de trámites relacionados con bienes inmuebles sujetos a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, con el propósito de coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF emitió los oficios correspondientes para que el Colegio de Notarios local y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano tengan conocimiento de las averiguaciones previas ya iniciadas, las cuales seguirán el procedimiento para que se aplique la Ley de Extinción de Dominio.

La Consejería informó que los fedatarios públicos tienen la facultad de gestionar, a petición de un particular, los trámites necesarios para realizar una operación de compraventa o hipoteca de cualquier bien inmueble; por lo que deberán reportar a las autoridades judiciales cualquier solicitud de movimiento de dichos bienes.

Indicó que con la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio en el Distrito Federal, se establece que cuando el agente del Ministerio Público tenga conocimiento de que va a celebrarse o se está celebrando un acto civil, mercantil o cualquier otro acto jurídico relacionado con un inmueble sujeto a esta normatividad, solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes para tutelar derechos de terceros.

Precisó que el artículo 17 del mencionado estatuto señala que las autoridades y los notarios públicos que intervengan en la celebración de estos actos o en la inscripción de los mismos están obligados a informar al MP cuando tengan conocimiento o indicios de que los bienes en cuestión podrían estar contemplados en cualquiera de las hipótesis del artículo 5 de dicha ley. Los notarios que no adviertan a las autoridades sobre la realización de este tipo de actos civiles o mercantiles serán responsables en términos de la legislación penal o administrativa correspondiente.