Guadalajara, Jal., 3 de abril. La ley antiaborto aprobada el 26 de marzo por el Congreso del estado obedece a una concepción religiosa que pretende sancionar como delito lo que la Iglesia católica considera pecado, aseveraron hoy académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en un desplegado publicado hoy en los principales diarios de la entidad.

¿Estado de derecho o estado confesional?, es el título del desplegado firmado por el ex rector general de la UdeG Trinidad Padilla López –quien busca una diputación federal por el PRI, el mismo partido que con el PAN aprobó la legislación antiaborto–, Pablo Arredondo y Roberto Castelán, rectores del CUCSH y del Centro Universitario de los Lagos, respectivamente, entre otros.

Marco Antonio Cortés Guardado, rector general de la casa de estudios, respaldó a título personal el punto de vista de los académicos del CUCSH: pienso que es atinada la posición que plantean ahí, pero no creo que podamos asumirla como institucional, pues seguramente en la universidad hay gente que no está de acuerdo con esa postura, dijo en declaraciones a una estación radiofónica local.

Cortés Guardado reiteró que es necesario llevar a cabo un debate a fondo sobre el problema del aborto desde el ámbito de la salud pública.

Las reformas aprobadas a finales de marzo son al artículo cuatro de la Constitución estatal, así como al 228 del Código Penal para proteger el derecho a la vida desde la concepción, además de otorgar un tratamiento integral médico a las mujeres que abortan.

Los académicos advierten que las citadas modificaciones legales ponen en peligro la vida, la salud, los derechos humanos y la libertad sexual y reproductiva de las mujeres.

Es inadmisible que Jalisco derive hacia un estado teocrático, donde la pauta a seguir la dicte la visión ultraconservadora y religiosa de la ley y no la solventada en un conocimiento científico y en la vigencia plena del estado de derecho, expresan.

Aseguran en el escrito que la aprobación de los legisladores contradice lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales firmados por el país en materia de derechos humanos.