Entreveros del Régimen Electoral

Rosa Rojas, La Paz, 11 de marzo. “La luna de miel de los indígenas de tierras bajas con el gobierno está llegando a su etapa final”, declaró tajante el vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), Pedro Nuni, luego de que el 5 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados —con mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), aprobara el Proyecto de Ley Transitoria del Régimen Electoral (PLTRE) mediante el cual se crean 14 “circunscripciones especiales indígena-originario-campesinas”, que le dan a los pueblos indígenas “que sean minoría poblacional” otros tantos escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Para efectos del proyecto, “minoría poblacional” es aquélla que no supera el 15 por ciento del total de la población de un departamento o municipio. En las citadas circunscripciones especiales, las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas presentarán su candidato/a “de acuerdo a normas y procedimientos propios supervisados por la Corte Nacional Electoral”.

Se establece además que los pueblos indígenas minoritarios tendrán derecho a designar, en forma directa, a sus representantes en cada Asamblea o Consejo Departamental (legislativo departamental): uno en Chuquisaca; 5 en La Paz; 2 en Cochabamba; 1 en Oruro; 3 en Tarija; 5 en Santa Cruz; 4 en Beni y 3 en Pando. En Potosí no se consideró que haya pueblos indígenas minoritarios.

Tendrán derecho también a designar de manera directa un representante al concejo municipal en los municipios donde sean minoría poblacional.

El malestar de la dirigencia de la CIDOB, organización matriz de los 34 pueblos de la Amazonía y el Chaco bolivianos, estalló luego de que en días previos a dicha aprobación estuvieran trabajando en comisiones paralelas con diputados masistas e integrantes del Ministerio de Autonomías (incluido el ministro Carlos Romero) para ajustar la diferencia entre los 24 escaños solicitados —de la CIDOB y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qhoyasullo (Conamaq), de pueblos andinos—, y los 15 que incluía el proyecto de ley que el ejecutivo envió al Congreso y que finalmente quedaron en 14.

Aunque Nuni y Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, y Elías Quelca, dirigente del Conamaq, aseveraron que había un compromiso de Romero para que finalmente fueran 18 los escaños para las circunscripciones plurinominales —de un total de 130 diputaciones—, el funcionario negó que hubiera tal acuerdo. Y fue enfático en señalar que con los 14 escaños otorgados se le concedía a los pueblos indígenas “minoritarios” el 10 por ciento de la representación camaral, cuando tan sólo comprenden 7 por ciento del total de la población del país, de 10 millones de personas.

Adolfo Chávez insistió en que el gobierno de Evo Morales, del que han sido aliados, no está dando lo que les corresponde según la lucha por sus derechos colectivos que desarrollan desde 1990.

 “No estamos participando, no nos han convocado, no estamos tomando decisiones en los altos mandos de este poder”,  agregó, y anunció que la CIDOB no acudiría a las sesiones del CNA o Consejo Nacional Autonómico (instancia que el gobierno creó para intentar la implementación de las autonomías reconocidas por la nueva Constitución), hasta que el presidente les conceda una audiencia y atienda sus demandas.

Ni la CIDOB ni el Conamaq llegaron a la sesión del 10 de marzo del CNA. Los primeros esperaban los resultados de la audiencia solicitada con Evo Morales y los segundos “tuvieron otros compromisos”, según informó Quelca.

Chávez explicó que buscarán “limar asperezas” en un diálogo con Morales porque se ha declarado “una verticalidad del Ejecutivo que pasa por el seno de los diputados” y “no se puede hablar de derechos de los pueblos indígenas si no hay inclusión”.

Deploró que ellos, con su lucha, han abierto espacios en el gobierno “para representantes de los organismos no gubernamentales que son ministros y tienen rodeado al presidente… y nuestra historia ha sido relegada, sigue siendo cercenada, no estamos siendo tomados en cuenta, entonces el presidente debe tomar una posición muy inmediata, rápido, para que esta cosa no se le vaya de las manos”, apuntó.

Por su parte el vicepresidente de la república, Álvaro García, propuso a las organizaciones sociales “dejar sus reivindicaciones de mayor presencia en el Congreso para futuros procesos eleccionarios en el país”.

“Confiamos en que los compañeros entenderán que éste es un primer paso en la consolidación de una presencia territorial de las circunscripciones indígenas y que luego vendrán otras elecciones que podrán llevar otro tipo de reformas que mejoren la representación”, declaró.

El PLTRE pasó ahora al Senado, controlado por la derechista alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos), que en su propio proyecto de ley electoral sólo considera tres circunscripciones especiales indígena-originario-campesinas y cuyo presidente, Óscar Ortiz, ya advirtió que intentarán dar marcha atrás a la disposición —incluida por los diputados en el proyecto aprobado—, de que sean la CIDOB, el Conamaq y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) las únicas organizaciones indígenas que puedan registrar postulantes a los espacios indígenas.

“Ustedes se imaginarán que esto no es para nada democrático ni puede ser compatible con ninguna ley ni Constitución; cualquier ciudadano de condición indígena tiene que poder postularse a los espacios para la Cámara de Diputados sin necesidad de afiliarse necesariamente a un sindicato u organización afín al gobierno”, indicó Ortiz.

El Congreso tiene hasta el 8 de abril para aprobar el PLTRE. Si, como ha ocurrido con otros proyectos de ley, se atora en el Senado, lo que se discutirá es si el gobierno podría convocar por decreto a las elecciones del próximo 6 de diciembre para conformar la ANP y elegir presidente y vicepresidente de la república, previstas en la propia carta magna. Pero esa ya es otra historia.