a es costumbre que cuando la ciudadanía protesta por los daños que pueden ocasionar ciertos proyectos al medio ambiente y los recursos naturales, los denunciados aleguen que se quiere inhibir la inversión, la creación de empleo, el bienestar de la población y el desarrollo económico. Abundan los ejemplos, como cuando el Legislativo aprobó medidas para proteger los manglares, diezmados en toda la franja costera por la obra pública y la privada.

Los manglares y ecosistemas asociados tienen un valor incalculable para la conservación de las especies ribereñas de las que viven miles de familias. También son importantes para evitar la erosión costera y como barrera contra los huracanes. No obstante, quienes dominan buena parte de la actividad turística y hotelera en la franja litoral alegan que al prohibir la destrucción de los manglares para levantar hoteles, marinas, entre otras obras ligadas al turismo, disminuirá la inversión y el empleo. Sin embargo, no hay indicios de que ocurra tal cosa. Si algunos consorcios aplazan su presencia en el Caribe o el Pacífico mexicano es por la crisis en sus países de origen, como España. Cabe destacar que la vocería de los intereses empresariales está a cargo de gobernadores, presidentes municipales y legisladores, quienes exigen suavizar la protección de los manglares, lo que quiere decir: vía libre para destruirlos.

Cuando se acordaron medidas oficiales para proteger a los tiburones y rayas, diezmados por una pesca irresponsable, también diputados y senadores con intereses en la actividad turística y pesquera dijeron que el país dejaría de recibir millones de dólares de quienes vienen a pescar en las aguas marinas de México, especialmente en las de Baja California. Pero los turistas continúan llegando, especialmente los de Estados Unidos, mientras los científicos advierten sobre la necesidad de vigilar más las actividades pesqueras, pues todavía está en riesgo la existencia de las diversas especies de tiburones y rayas.

También ha habido protesta de algunos grupos empresariales y dueños de resorts en Quintana Roo porque la autoridad federal hace respetar la legislación vigente en un área natural protegida, la de Tulum, que incluye una importante zona arqueológica y varios kilómetros de franja litoral.

Varios hoteles que se edificaron violando diversas normas oficiales fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa). Los afectados dijeron que la autoridad estaba sentando un precedente muy negativo, desanimando la inversión privada y la llegada de turistas a la zona de Tulum. Además, que las clausuras se debían a la animadversión que el titular de la citada procuraduría (el cuestionado ex gobernador panista de Yucatán Patricio Patrón) sentía hacia Félix González Canto, quien actualmente gobierna Quintana Roo y que pertenece al PRI. Y que a dicho funcionario le interesaba apoyar en Tulum magnos proyectos de sus amigos. Pero los turistas de Estados Unidos siguen llegando por miles a la costa quintanarroense, aprovechando la cercanía geográfica y la devaluación de nuestra moneda. Igual de España y otros países europeos, vía los consorcios que controlan el mercado del Todo Incluido.

La más reciente protesta de la iniciativa privada es en la zona costera de Huatulco, Oaxaca, donde la Profepa clausuró 12 negocios hoteleros que incumplen la legislación ambiental. Igualmente, una obra vial a cargo del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), dependencia a cargo de uno de los integrantes de la extensa familia Gómez Mont.

En desplegado que apareció en varios diarios, las fuerzas vivas de Huatulco, es decir, las vinculadas con el turismo, se quejan del terrorismo ambiental de la Profepa, exigen suspender inmediatamente las clausuras y que aparezca el plan parcial de desarrollo urbano y ecológico que Fonatur dice tener. Se trata de una importante herramienta para alcanzar el sano crecimiento de Huatulco, cuya belleza natural es incomparable. Así las cosas, ahora no solamente los grupos ciudadanos que defienden el medio ambiente y los recursos naturales son tachados de enemigos del progreso, sino también el gobierno, cuando quiere hacer cumplir la ley.