El polémico Manual de percepciones del Instituto Federal Electoral (IFE) se publicará sin modificación alguna, incluida la parte en que equipara el salario de los consejeros con los ministros de la Suprema Corte. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que se realiza el análisis jurídico correspondiente para, en su caso, tomar las decisiones que correspondan, a fin de formalizar la cancelación del sustancial incremento que pretendían otorgarse.

Valdés dijo que esta decisión podría formalizarse mediante la solicitud personal de cada uno de los consejeros dirigida a la secretaría ejecutiva del Instituto hasta la determinación de la Junta General Ejecutiva para cancelar este incremento.

En este contexto, y a pregunta expresa, el consejero presidente se refirió al incremento salarial que recibirá la base de los trabajadores del IFE. A diferencia de la danza de cifras que ubicaba el incremento en las percepciones de los consejeros entre 46 y 100 por ciento, para el personal se tiene programado hasta ahora un aumento de 4.5 por ciento, pero estamos haciendo un esfuerzo para intentar lograr un 6 por ciento, dijo Valdés.

Días después de que detonó el escándalo del aumento en las percepciones de los consejeros, Valdés dijo que se pretende cerrar la brecha salarial, que es uno de los problemas graves de esta institución. Estamos otorgando incrementos diferenciados, un porcentaje más alto a las estructuras que tienen menos ingresos y un porcentaje más bajo a los que tienen altos ingresos. El año pasado, incluso, el aumento fue de cero por ciento a los mandos superiores de la institución.

Entrevistado por separado, el consejero Alfredo Figueroa sostuvo que el instituto enfrenta importantes desequilibrios en la estructura salarial, situación que se refleja, entre otros aspectos, en rezagos considerables en las percepciones de los funcionarios de las juntas locales y distritales. Proveniente de estas estructuras, el consejero destacó que en esas áreas fundamentales debe buscarse un replanteamiento en su atención no sólo material, sino de necesidades administrativas y laborales.

Figueroa reconoció la necesidad institucional de revisar la política salarial del IFE para corregir esos desequilibrios y que la estructura fundamental del instituto, el servicio profesional electoral, tenga un nuevo esquema de ingresos que favorezca un mejor funcionamiento, aunque ello podría implicar una restructuración estatutaria.

Por ello, ponderó la decisión de los consejeros de dar marcha atrás a su aumento salarial, con el que desde un principio yo no estuve de acuerdo. Al final se asumió que no había condiciones materiales ni institucionales para hacerlo.

Lamentó la polémica desatada la semana pasada, aunque destacó que el IFE debe acometer estos desequilibrios salariales en la estructura del personal una vez que haya concluido el proceso electoral. Por ahora, debe ser una prioridad la organización de los comicios del próximo 5 de julio.