ientras el calderonismo justifica el clima de violencia e inseguridad que se vive en todo el país, en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero se intensifican los movimientos, principalmente indígenas, que pugnan por el respeto a sus derechos como pueblos y resisten a su creciente criminalización.

La desaparición, seguida de tortura y asesinato en contra de los indígenas na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario, respectivamente, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco en Guerrero (OFPM), viene a sumarse a la cadena de violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras de los mismos.

Bien señaló Abel Barrera, presidente de Tlachinollan en esa entidad, que estos crímenes evidencian que se ha pasado del patrón de las detenciones arbitrarias y la desaparición a las ejecuciones extrajudiciales. Con ello se busca sembrar el terror; sin embargo, el trabajo de los organismos de derechos humanos en esa entidad los ha dotado de amplia capacidad de respuesta, de manera que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta de que las iniciales medidas cautelares en torno a la desaparición de los indígenas Lucas Lucía y Ponce Rosas no tuvieron el efecto esperado, por lo que ya se planteó la exigencia de investigación exhaustiva y la respectiva sanción a los responsables de los crímenes, reiterando la petición de que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Guerrero.

De la misma manera, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la visita oficial a la entidad, del 18 al 20 de febrero, expresó su preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en que desarrollan su labor los defensores y se sumó al llamado en torno al esclarecimiento de los homicidios en contra de los dirigentes de la OFPM.

Para Amnistía Internacional el asesinato de los dos indígenas defensores de los derechos humanos en Guerrero ilustra el pésimo estado de los derechos humanos en dicha entidad.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero están demandando la investigación.

En Guerrero podemos encontrar numerosos ejemplos que de manera lamentable validan la necesidad de atender de manera urgente las recomendaciones que desde distintos espacios de Naciones Unidas se han expresado en torno a la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos.

Las diversas organizaciones en la entidad y los familiares de las víctimas no buscan relación con el gobierno del estado, no tienen confianza en las instancias de procuración de justicia y solicitan que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, lo que tampoco les garantizaría la investigación imparcial; no obstante, la propuesta de crear a escala local una fiscalía especial no parece viable.

Estos crímenes constituyen la gota que derramó el vaso, pues han sido numerosas las gestiones jurídicas de los organismos de derechos humanos ante las diversas instancias locales y estatales, inclusive han llevado varios casos fuera del país.

Como ejemplo reciente tenemos que el 22 de octubre de 2008, en el 133 periodo de sesiones ante la CIDH, con sede en Washington DC, representantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos tuvieron audiencia y centraron su planteamiento en una serie de patrones de criminalización contra los defensores y defensoras: la falta de diálogo con las organizaciones sociales; la tendencia a desprestigiar y a deslegitimar la lucha social; la recurrencia a la represión de los movimientos que expresan su protesta, y la tipificación de algunos delitos penales que restringen la libertad de expresión (Comunicado 054 Tlachinollan, 22 de octubre de 2008).

Todo ello fue argumentado en presencia de una delegación oficial integrada por el presidente del Tribunal de Justicia en Guerrero, la subprocuradora de atención a víctimas de la procuraduría estatal y un funcionario de Relaciones Exteriores, sin que ofrecieran disposición siquiera a establecer la mesa de diálogo que entonces proponían las organizaciones.

Es urgente detener esta escalada contra los defensores y defensoras, proteger a los familiares de los indígenas na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. No debe mantenerse una política de oídos sordos, más que negar responsabilidades o lanzar acusaciones contra los defensores, debería prevalecer la opción por la justicia: ¿eran, en efecto, agentes de la Policía Ministerial quienes se llevaron a las víctimas? ¿Cuál fue la averiguación previa que produjo una orden así? ¿Quién ordenó y quién practicó la tortura criminal? ¿Cuál fue la cadena de mando y complicidad con estos crímenes?

Tenemos derecho a conocer la verdad y a lograr la sanción para los responsables.