■ Exige Inmujeres que la atención médica no esté condicionada a objeciones de conciencia
Modificación a la NOM 046 deja a las víctimas de violencia sexual sin derecho a decidir, acusa
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, justificó ayer en un desayuno privado con diputados, las modificaciones a la norma oficial mexicana (NOM) 046 sobre sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres con el argumento de la existencia de “contradicciones jurídicas”.
Por su parte, Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseguró que con las modificaciones se contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) y la de Belem do Pará.
Informó que el Inmujeres solicitará formalmente a la Ssa que respete la redacción anterior de la norma y apuntó que para el instituto es claro que “quien redactó esto es el que tiene objeción de conciencia (sobre la interrupción legal del embarazo en caso de violación y la utilización de la píldora de emergencia) y se la quiere aplicar a todos”.
En conferencia de prensa, la funcionaria insisitió en que al hablar de instuciones no se debe utilizar la palabra “podrá” sino “deberá”, en lo que se refiere a brindar las condiciones para interrumpir un embarazo. Según la titular del Inmujeres no hay vuelta de hoja, las instituciones “deben” y eso es “por ley”.
La Ssa alega “contradicciones”
Córdova Villalobos se reunió ayer con Javier González Garza, Marina Arvizu y Marisela Contreras, ahí justificó los cambios a la norma porque “en el documento original la dependencia habría descubierto contradicciones jurídicas”, según versión de Arvizu, coordinadora de la fracción del Partido Socialdemócrata.
–¿A qué contradicciones legales se refirió el funcionario?
–No nos aclaró, dijo que él confiaba plenamente en su equipo jurídico, el cual fue el que modificó la norma.
La diputada advirtió que “no podemos permitir que ningún funcionario, por más alto rango que tenga, modifique motu proprio las leyes y normas que tienen que ver directamente con mantener y preservar la salud de millones de mexicanos.