Usted está aquí: jueves 5 de febrero de 2009 Política Urgente, aprobar modificaciones a la ley de radio y televisión, coinciden senadores

■ Buscan evitar que los concesionarios enfrenten a la ciudadanía con el Congreso de la Unión

Urgente, aprobar modificaciones a la ley de radio y televisión, coinciden senadores

■ Los legisladores no podemos rehuir el conflicto con el poder televisivo: Gómez; el PRI, mudo

Andrea Becerril

En un debate en el que el PRI no participó, senadores de PRD, PT, Convergencia e incluso el PAN, reconocieron que es urgente aprobar las modificaciones pendientes a la Ley Federal de Radio y Televisión para evitar que los concesionarios sigan violando la legislación electoral y enfrentando a la ciudadanía con el Congreso de la Unión.

El perredista Pablo Gómez Álvarez resaltó que hay un conflicto con “el poder televisivo” que los legisladores no pueden rehuir. “Enfrentémoslo”, planteó en la tribuna del Senado, en lo que fue la primera sesión de este periodo ordinario, que concluye el 30 de abril.

Recordó que cuando los partidos y los candidatos pagaban “millones y millones” a las empresas televisoras por la transmisión de espots, eran tratados “como reyes”, pero ahora que no hay más dinero para ello son insultados y ridiculizados en las pantallas.

Si fuera sólo un asunto de leyes, agregó, se resolvería rápidamente, pero se trata de enfrentar al “duopolio televisivo”, en un Estado que es “alevoso y abusivo con los débiles, pero temeroso y pusilánime con los poderosos”.

El senador del PAN Ricardo García Cervantes también participó en la discusión y dejó claro que la única forma de evitar “la mala fe” con que han interpretado la ley los concesionarios –al interrumpir programas deportivos para transmitir los anuncios de los partidos– es concluir las modificaciones a la legislación de los medios electrónicos.

De lo contrario, expuso a su vez el perredista Arturo Núñez, quedará claro que quien manda en el país son los concesionarios. Claudicar frente a “los poderes fácticos sería un grave error”, advirtió a su vez Dante Delgado, al hablar en nombre de los legisladores de Convergencia.

El tema lo llevó a tribuna el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal Ávila, quien resaltó que las televisoras han violado la legislación electoral, pero también hay responsabilidad del Congreso al aprobar una reforma constitucional electoral incompleta, con deficiencias y lagunas que aprovechan los concesionarios.

“¿No hemos rehuido acaso legislar sobre las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia?”, dijo en referencia a la llamada ley Televisa, y volvió a preguntar: “¿quién manda al diablo al Senado y al IFE?”

García Cervantes rechazó que la reforma electoral sea confusa y omisa, y el perredista Núñez resaltó que se le dieron los instrumentos necesarios al IFE para sancionar a las televisoras, pero los dos reconocieron que falta modificar la Ley Federal de Radio y Televisión a fin de establecer en la misma las nuevas disposiciones sobre propaganda política.

Núñez, uno de los autores tanto de la reforma constitucional como de las modificaciones al Cofipe, insistió en que el IFE fue dotado de facultades suficientes para cumplir la ley, pero “tiene razón Monreal, hay una omisión” en lo que se refiere al gradualismo de las sanciones, que van desde la amonestación privada, las multas, hasta la revocación de concesiones.

García Cervantes, autor de la iniciativa para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, a fin de que se reconozca que el Cofipe es ley supletoria y el IFE la autoridad en materia de medios electrónicos en época de elecciones, dijo que “hoy no podría haber ningún tipo de evasión” de parte de los concesionarios y permisionarios.

Expresó luego que esperaría que hoy estuviera listo el dictamen de esa iniciativa, frenada en el Senado desde el año pasado.

Ningún senador del PRI participó en el debate. Mudos, escucharon a Pablo Gómez reconocer a García Cervantes, no sólo por su intervención, sino porque fue “de los tres o cuatro senadores” que asistieron a la reunión de comisiones, en julio del año pasado, en que no se pudo aprobar la modificación a la ley de medios electrónicos porque no hubo quórum.

 
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