Usted está aquí: miércoles 4 de febrero de 2009 Mundo Amenazan de muerte al gobernador de Buenos Aires

Amenazan de muerte al gobernador de Buenos Aires

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 3 de febrero. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, confirmó hoy que fue amenazado de muerte y lo atribuyó a “la lucha sin cuartel”que lleva contra el narcotráfico”, en momentos en que oficiales policiales son acusados por el secuestro extorsivo de un empresario, liberado después del pago de un fuerte rescate.

En otro ámbito, la agresión sufrida en la provincia de Santa Fe, por el jefe del bloque del oficialista Frente para la Victoria, Agustín Rossi y su hermano Alejandro, atacados por un grupo de productores agrarios, que ya actuaron violentamente contra actores y figuras que apoyan al gobierno, mereció un fuerte repudio de la mayoría de los sectores políticos y sociales .

La Mesa de Enlace creada por cuatro organizaciones de productores grandes, medianos y pequeños, que protagonizaron el año pasado un paro patronal indefinido, cortando rutas estratégicas e impidiendo la venta de productos durante cuatro meses, si bien criticó el hecho pero sostuvo que “hay ánimos exasperados” o que el “gobierno dio motivos”.

Scioli afirmó que pese la amenaza anónima que recibió continuará con la “la lucha, depurando y alentando la buena policía. Algunos se pueden resistir al cambio pero esto (la amenaza) no me va a detener”, aseguró. No descartó que detrás pueda haber policías.

Uno de los mayores problemas de todos los gobierno después de la recuperación democrática, ha sido el comportamiento de grupos policiales de la Provincia de Buenos Aires, que tiene unos 50 mil hombres, muchos de los cuales fueron adiestrados por el ex general Ramón Camps, jefe de la policía de esa provincia durante la dictadura militar, quien murió sin ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Scioli diferenció entre “los buenos y malos policías” y entre estos últimos ubicó a los que “se resisten al cambio”.

En este marco es que los funcionarios del gobierno ven como muy “grave” el ataque contra el diputado Rossi en la provincia de Santa Fe, donde le tiraron huevos, tomates y estiércol. Atacantes rodearon el automóvil rompiendo el parabrisas mientras otros pateaban el vehículo.

En un reciente caso similar, fue incendiado un stand de la Sociedad Rural de Morteros, de Córdoba, horas después de que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se reunió en ese lugar con productores tamberos. Según investigaciones policiales esto fue una “advertencia” para que los productores que no se allanen a las directivas de la Mesa de Enlace, cuyos dirigentes lanzaron varias amenazas durante el pasado paro patronal.

El gobierno nacional sostuvo que la agresión a Rossi “fue preparada” y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, recordó que el diputado estaba trabajando por subsidios y obras para distritos rurales después que el gobierno destinó unos 20 millones de dólares para los productores de trigo y los criadores de ganado bovino en esa provincia .

Masera a juicio

En el tema de derechos humanos la Sala I de la Cámara en lo Criminal y un perito médico enviado por la justicia italiana a Argentina certificó que el ex dictador almirante, Emilio Massera, está en “plenas facultades” para afrontar un juicio penal en Roma por crímenes cometidos durante la dictadura militar.

Massera había sido declarado insano hace cuatro años por la justicia local y hay otros acusados condenados en Roma en marzo del 2007 entre ellos Jorge Tigre Acosta y Alfredo Astiz, por el homicidio “premeditado” de Angela María Aieta —madre del dirigente de la Juventud Peronista, Dante Gullo— secuestrada el 5 de agosto de 1976, así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977, todos de nacionalidad italiana.

Asimismo, la justicia Correccional Federal confirmó la prisión preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla, en la causa en la que se lo investiga por “sustracción de menores en el marco del plan de represión ilegal” en la última dictadura militar” y ratificó que debe estar alojado en una unidad carcelaria, rechazando el pedido de detención domiciliaria.

 
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