No woman, no cry!
¡Qué velocidad de decisiones! Obama arranca con acelerado ritmo, al lado de la prioridad económica que no le permite distracciones; en su primera semana de gobierno atendió la agenda de las mujeres: eliminó la ley mordaza que prohibía el financiamiento público e internacional para el aborto. El país del norte transita en un fuerte cambio de ritmo, más lejos del gospel y más cerca del reggae: “Oh my little sister, don’t she’d no tears ¡No woman, no cry!... Everythig’s gonna be alright.”
A la mañana siguiente respondía el Vaticano a velocidad inusual. El arzobispo Rino Fisichella, titular de la Academia Pontificia para la Vida, afirmó que “la revocación de esa prohibición se hizo con la arrogancia de quienes, teniendo el poder, creen que pueden decidir entre la vida y la muerte”, y –a sabiendas de que el aborto es accesible en Estados Unidos y en toda Europa– la preocupación del arzobispo es la posible influencia de esa política en el continente latinoamericano: “Lo que pasa en Estados Unidos influye en otras partes del mundo, los líderes de ese país deberían ser capaces de escuchar humildemente e incluso llegar a solicitar ayuda” (Time, 28/1/09).
Y vaya si les han ayudado. ¿Qué hubiera sido de Reagan o de Bush sin la ayuda de Juan Pablo II? Hoy está claro que un presidente como Obama, apoyado sobre 70 por ciento del voto electoral y más de la mitad del voto popular, no necesita la ayuda del Vaticano.
Qué diferente panorama el de México. En este pobre país el presidente Calderón tiene que ir a rezar junto con los cardenales al Encuentro Mundial de Familias. Hoy más que nunca necesita contar con su bendición, le fallan todos los frentes, comienza el año de las elecciones intermedias y los jerarcas parecen su principal sostén: “La asistencia del jefe del Ejecutivo le ha dado la oportunidad para expresar el compromiso de su gobierno por el bienestar de la familia mexicana, presentando algunos programas de su política social, su combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico, enemigos de la familia...” (Desde la Fe, 25/1/09). Como si el bienestar de las familias dependiera más de los rezos que de los empleos, más de la autoridad patriarcal que de los derechos de las mujeres, y más del castigo que del ejercicio de las libertades.
Marcelo Ebrard recibió esos días a los representantes del Estado Vaticano sin negar su distinta posición; se trata del jefe de Gobierno que no vetó la ley que autoriza el aborto a las mujeres mexicanas. Más allá de la reunión eclesial, son los panistas quienes vienen ganando indulgencias y poderes territoriales. En el último año pasaron leyes antiaborto en Baja California, Morelos y Sonora; esta misma semana metieron gol al fortalecer la objeción de conciencia en la Norma Oficial Mexicana para la Atención de la Violencia Familiar, a fin de dificultar el acceso a la anticoncepción de emergencia y al aborto, a los cuales tiene derecho toda mujer violada.
Los líderes eclesiales y políticos quieren hacernos creer que la crisis es por falta de “valores familiares” y no por la pobreza y el debilitamiento del patriarcado, pretenden negar las libertades y las formas emergentes de vida familiar, frente a las cuales –con la excepción del Gobierno de la ciudad de México– no han respondido ni las leyes ni las políticas públicas.
De ahí la importancia de la Declaratoria de la Ciudad de México, pronunciada el 20 de enero al cierre del Seminario de las Familias del Siglo XXI en El Colegio de México. En ella los y las integrantes de instituciones académicas, de la sociedad civil, de organismos públicos nacionales e internacionales, entre otros puntos, suscriben:
“Exigimos un nuevo pacto social entre Estado, empresas y familias, con una concepción amplia de las familias, que sea respetuosa de los derechos humanos y promueva una efectiva conciliación entre el trabajo para el mercado, el trabajo doméstico y de cuidado, y la provisión de servicios públicos.
“Demandamos que el Estado en todos sus niveles asuma su responsabilidad ética ante la sociedad y que sus funcionarios tengan la calidad moral y profesional necesaria para responder con eficacia y responsabilidad a las necesidades de las familias y personas. El Estado debe ver en la ciudadanía sujetos de derechos a los que ha de rendir cuentas y no clientela política.
“Exigimos el respeto al principio de laicidad del Estado. Refrendarlo como base de las instituciones y de las políticas públicas, en México es indispensable para dar cabida a la diversidad religiosa, ideológica y filosófica y favorecer una convivencia respetuosa en la pluralidad.”
No cabe duda de que Estados Unidos y México hoy entonan ritmos incompatibles. Allá dejan el gospel para brincar a ritmo de reggae, y de este lado se deja el ranchero para entonar narcocorridos y cantos gregorianos. Y tal parece que en vez de bailar, vamos a seguir pisoteándonos.