Usted está aquí: viernes 23 de enero de 2009 Política Plan pro crisis para el campo

Víctor M. Quintana S.

Plan pro crisis para el campo

Rabón en sus alcances y en la proporción con su ampuloso título, el plan anticrisis de Calderón no ha podido ni podrá detener las airadas movilizaciones de muy diversos actores sociales. Comenzaron los pescadores, siguieron los transportistas, vinieron luego los productores agropecuarios de Chihuahua con paros, bloqueos, estrangulamientos carreteros, plantones con maquinaria agrícola en las principales ciudades norteñas.

En el caso del campo, ¿qué puede hacer un plan coyuntural, fragmentario, parcial, ante la estrategia de largo plazo que los regímenes neoliberales del PRI y del PAN han puesto en marcha desde hace 26 años para sepultar la agricultura y con ella la soberanía alimentaria de la nación? ¿Qué pueden hacer unas cuantas acciones tímidas cuando las políticas públicas de cinco lustros se generaron precisamente para hundir al sector agropecuario en beneficio de las trasnacionales agroalimentarias?

El mal llamado Acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo calderoniano, que prácticamente ignora al campo, no contempla ninguna acción que revierta la tendencia o al menos disminuya la inercia que ha generado más pobreza, más migración en el medio rural y más dependencia alimentaria para nuestro país.

Los ejemplos nuevos se nos dan cada día: en 2008 se incrementaron todas nuestras importaciones agroalimentarias hasta alcanzar la cifra récord de casi 20 mil millones de dólares. Y sin embargo, las importaciones no sirvieron para abatir el precio de la comida de la gente. Las compras en el exterior de semillas oleaginosas se dispararon más de 50 por ciento el año pasado, pero el aceite comestible no sólo no redujo, sino aumentó su precio en 57 por ciento en los anaqueles de los supermercados. También se dieron los aumentos de los precios de la leche y la carne, a pesar de que se pensó que importarlas beneficiaría al consumidor final. Total, importamos más y más caro y terminamos perjudicando tanto a los productores nacionales como a los consumidores finales El juego perder-perder.

Y como van las cosas, en 2009 seguramente vamos a vivir por primera vez el absurdo que por cada dólar que recibamos de remesas devolvamos otro dólar al extranjero para comprar alimentos que aquí podemos producir.

Por esto se han rebelado de nuevo los productores agropecuarios chihuahuenses. Se han unido prácticamente todas las organizaciones rurales del estado: El Barzón, el Frente Democrático Campesino, Agrodinámica Nacional, Comité Pro Mejoramiento del Agro, la CNC, los módulos de los distritos de riego, los algodoneros, los ganaderos, los nogaleros. Y a ellos se han sumado los transportistas, todos ellos bajo el grito: vámonos a la bola para salvar al campo.

Comenzaron su movimiento el jueves 15 con bloqueos y plantones de maquinaria agrícola y tractocamiones en seis puntos carreteros del sur, centro, norte y noroeste del estado. Lo han proseguido y piensan terminar una primera etapa de lucha con una gran movilización hacia los puentes internacionales el próximo día 30. Ahora no se quieren ir a la ciudad de México, ya no quieren repetir la mala experiencia que la provincia lleva la carga de la movilización, pero luego se impone la Ley de Hierro de la Centrocracia y los líderes que están en el Distrito Federal son quienes negocian y acaparan logros. Ahora se llama desde acá a un movimiento nacional y que venga el gobierno federal a negociar a la periferia.

El pliego de agricultores y transportistas consta de 15 puntos que giran en torno a cuatro ejes: baja de precio de energéticos, sobre todo del diesel y la electricidad; créditos oportunos, suficientes y baratos al campo: soberanía alimentaria basada en la producción de alimentos básicos por los pequeños y medianos agricultores y regularización a bajo costo de los vehículos de procedencia extranjera. No es posible que, ante la carestía de camionetas y tractocamiones nacionales, instrumentos de trabajo necesarios, el gobierno federal –a contrapelo incluso del TLCAN– establezca tarifas de regularización más altas que el costo mismo del vehículo.

Mientras pescadores, transportistas y agricultores chihuahuenses prosiguen firmes sus movimientos, los productores de leche se aprestan a marchar por el mismo camino, lo mismo que los maiceros de Sinaloa, defraudados por la Sagarpa.

¿Qué será muy difícil que Calderón y los suyos entiendan que lo que todas estas revueltas demandan no es que se les incluya en el plan anticrisis, sino que se le dé por fin vuelta al modelo económico que es un perpetuo plan pro crisis?

 
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