Usted está aquí: viernes 16 de enero de 2009 Capital Diputados y partidos exigen esclarecer entrega de fondos federales a panistas

■ Advierte el titular de la SRA que se sancionará a quienes se escuden como técnicos agrarios

Diputados y partidos exigen esclarecer entrega de fondos federales a panistas

■ Organizaciones campesinas beneficiadas por la dependencia están también en los padrones de otras instancias

■ Elude Escobar referirse a los mandos del blanquiazul que recibieron recursos

Matilde Pérez, Raúl Llanos y Gabriela Romero

El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto, advirtió que sancionará la participación de técnicos que gestionen recursos para proyectos productivos a favor de grupos campesinos y que al mismo tiempo se desempeñen como directivos o empleados de partidos políticos que perciban cualquier tipo de remuneración.

Puntualizó que la institución se reserva cualquier supervisión, verificación o cotejo de información y documentación, en el entendido de que si de la misma se detecta alguna irregularidad, inconsistencia u omisión que sancionen las leyes administrativas o penales, se procederá a la cancelación de la solicitud del proyecto a financiar, sin importar la etapa de evaluación en que se encuentre.

Sin aludir directamente a la información que publicó ayer La Jornada, de que al menos cinco dirigentes del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal (PAN-DF) están acreditados como técnicos agrarios ante la SRA, y obtuvieron apoyos por cerca de 7 millones de pesos de los programas de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y del Fondo de Apoyos a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa), el funcionario federal informó que como señala el artículo 30 del capítulo 7, referente a las restricciones para otorgar apoyos, “las solicitudes se cancelarán definitivamente cuando el técnico perciba cualquier tipo de remuneración por parte de partidos políticos”. Aclaró que dichas medidas no estaban consideradas en la operación de los programas Fappa y Promusag en 2008.

Beneficios por partida doble

En este escenario, se corroboró que algunas de las organizaciones que obtuvieron recursos de la Secretaría de la Reforma Agraria también están en los padrones de beneficiados de otras dependencias. Un ejemplo es el grupo Jitomate San Francisco Tlaltenco, que obtuvo apoyos del Promusag por 198 mil pesos en 2008, gracias al proyecto que elaboró Erika de Anda Martínez, directora de Gobierno del PAN-DF, y obtuvo también el año pasado 15 mil pesos del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES), que maneja la Secretaría de Economía (SE).

Otro caso es el de Artesanas de Tláhuac, que pidió a la SRA 180 mil pesos, con base en el proyecto que elaboró Ricardo Uribe, operativo de la secretaría de Vinculación Ciudadana del PAN-DF, quien consiguió 23 mil 500 pesos, también del FONAES; lo mismo pasó con otra de sus representadas: Galletas y Repostería Aurimar, que en la SRA pidió 180 mil pesos, y en FONAES obtuvo 23 mil 500 pesos, ambos en 2008.

Frente a estos beneficios de recursos federales que consiguen líderes locales del PAN, dirigentes y diputados locales del PRI, PRD, Panal y Coalición de Izquierdas exigieron a las autoridades correspondientes hacer una investigación a fondo y deslindar responsabilidades.

Manuel Oropeza, secretario general del PRD-DF, dijo que es muy grave que directivos del PAN hayan recibido recursos federales de la SRA dirigidos al sector más pobre del campo mexicano, escudados en el cargo de técnicos agrarios.

El presidente del PRI-DF, Jaime Aguilar Álvarez, advirtió que éstos no son los únicos programas ni la única secretaría que se maneja así, “son muchas más. Sólo que en ésta se llega al colmo de que el técnico que aprueba las cosas es, además, militante activo y distinguido del PAN. Esto es una muestra más de la injerencia que quiere tener el gobierno federal para sacar adelante a su partido”.

Los coordinadores del Panal, Xiuh Tenorio Antiga, y de la Coalición de Izquierdas, Enrique Pérez Correa, puntualizaron que al tratarse de recursos públicos se debe esclarecer el uso que se les dio y deslindar responsabilidades, “tanto de los que aprueban como de los que solicitan”.

 
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