■ Perredistas promueven prohibir la venta de juguetes bélicos y advertir sobre su peligrosidad
Propone PRI penas de 45 años de cárcel a servidores que permitan el tráfico de armas
■ Estiman que cada día se introducen ilegalmente al país unas dos mil de esas piezas
Los representantes del PRI en la Comisión Permanente presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para imponer una sanción de 15 a 45 años de prisión a los servidores públicos que por acción u omisión no impidan el tráfico de armas a México que, aseguró el senador Fernando Castro Trenti, constituye un negocio multimillonario en dólares al año con una introducción ilegal diaria de 2 mil armas de grueso calibre.
En la misma sesión, el PRD presentó una iniciativa de ley para prohibir la fabricación, importación, distribución, venta, renta y uso de juguetes bélicos y que facultaría al gobierno federal a impartir clases de prevención del delito y de la peligrosidad de esos juguetes en instituciones educativas de nivel básico, cuyo contenido estaría a cargo de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A nombre de su bancada, Castro Trenti refirió en tribuna que la iniciativa de reforma es complementaria de la que ya presentó su grupo en la Cámara de Senadores para considerar como amenaza a la seguridad nacional la introducción ilegal de armas de fuego y explosivos, y facultar a la Secretaría de Seguridad Pública parar que sea corresponsable directa ante la eventual comisión de delitos de corrupción por el tráfico de armamento.
Aseguró que las cifras sobre la delincuencia ofrecidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contrastan “con el discurso triunfalista del gobierno federal y de las instituciones encargadas de combatir a la delincuencia común y al crimen organizado” y que, por lo tanto, “el Estado mexicano ha sido superado por la corrupción, la impunidad y la delincuencia que, en conjunto, socavan día con día sus instituciones y, peor aún, la confianza de la población”.
Refirió que de acuerdo con estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas de fuego de 2006, la proliferación de éstas sin ningún control permite su manejo por parte de la delincuencia común, de la organizada e inclusive de grupos terroristas, lo cual constituye una grave amenaza a la seguridad nacional, regional e internacional.
Citó que información de la ONU ha revelado que en el mundo existen casi 500 millones de armas de fuego, “cifra suficiente para tener un arma por cada 12 personas en la tierra, que si bien en su mayoría están controladas por autoridades, cuando caen en manos de terroristas, criminales y fuerzas irregulares, traen devastación, exacerban conflictos, provocan flujos de refugiados, socavan el estado de derecho y engendran una cultura de violencia e impunidad”.
Dijo que en el caso de México, reportes oficiales del gobierno federal señalan que desde el primero de diciembre de 2006, en que Calderón tomó protesta, hasta el 30 de octubre del año pasado, se habían decomisado al crimen organizado 25 mil 657 armas, 2.4 millones de municiones y mil 642 granadas de fragmentación, y que sólo el 6 de noviembre anterior se logró incautar 288 armas largas, 126 cortas, un lanzacohetes, 287 granadas, 428 mil cartuchos de diversos calibres y mil cargadores, en Reynosa, Tamaulipas.
A su vez, en tribuna, el diputado Carlos Altamirano Toledo presentó la iniciativa de ley para prohibir la fabricación de juguetes bélicos en México y su importación. Dijo que estudios de la Unicef han revelado que el uso por niños y adolescentes “favorece la tendencia a ser primo delincuentes con armas verdaderas”.
Expuso que ante la grave violencia que vive el país, se deben tomar medidas para controlar la producción, comercialización y compraventa de este tipo de juguetes, que “en nada contribuyen a tener una sociedad más consciente y pacífica” y resaltó que aun cuando modificar la producción de las empresas implicará costos, al igual que para los distribuidores, éstos deben innovar, porque “será mayor el precio que como sociedad pagaremos si no hacemos algo para prevenir conductas”.