Usted está aquí: martes 6 de enero de 2009 Política Inician trabajos los jueces de control

■ Autoridades intentan garantizar que no habrá filtraciones de información

Inician trabajos los jueces de control

Jesús Aranda

Ampliar la imagen El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y el procurador general Eduardo Medina Mora inauguraron en el sur de la ciudad de México la sede de los llamados jueces de control El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y el procurador general Eduardo Medina Mora inauguraron en el sur de la ciudad de México la sede de los llamados jueces de control Foto: Víctor Camacho

Al iniciar funciones seis juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, destacó ayer que las solicitudes que presenten la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –en casos de delincuencia organizada– se procesarán “a través de un novedoso sistema informático que reciba documentos, fotografías, videos y pruebas por medios electrónicos”, con el objetivo de agilizar la resolución solicitada.

Por su parte, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, señaló que con este sistema, que incluirá la firma electrónica de los agentes del Ministerio Público Federal que hagan las peticiones, se garantizará que tanto las solicitudes como las resoluciones se mantengan “en la más estricta reserva” para evitar filtraciones que pongan en riesgo las pesquisas y la seguridad e integridad física “de los servidores públicos honestos”.

Al encabezar la ceremonia en la que entraron en funciones los nuevos juzgados, el ministro presidente subrayó que el derecho penal “no ha de ser el principal instrumento de orden de un Estado democrático, pero debe ser eficiente, útil y contundente para preservar la convicción colectiva por la legalidad y la justicia, esto es, por lo lícito y lo debido y para combatir directa o indirectamente la delincuencia, cada vez más desafiante y enconada, y la impunidad que la protege y la alienta”.

Precisó que los nuevos juzgados tienen la encomienda de garantizar la investigación lícita de los delitos, así como la prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas a la seguridad nacional.

Los juzgados de “control de proceso” trabajarán las 24 horas del día los 365 días del año.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal destacó la puesta en marcha de estos nuevos juzgados, a pesar de que el Congreso no ha emitido la legislación correspondiente. “Significa un avance importante en la puesta en marcha de las reformas constitucionales, desde el ámbito de competencia del Poder Judicial de la Federación”, apuntó.

Ante la presencia de consejeros de la Judicatura Federal y de la titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, Maricela Morales Ibañez, Ortiz Mayagoitia dejó en claro que los jueces “podrán conceder o negar el cateo, el arraigo o la intervención de comunicaciones solicitada”.

Precisó que sólo el juez y el personal autorizado por la PGR y por el director general del Cisen tendrán acceso al sistema electrónico, para preservar la confidencialidad de la indagatoria.

En su intervención en la sede de los seis juzgados de distrito, ubicada en el sur de la ciudad, el ministro señaló que se requiere “un indispensable y delicado equilibrio” entre la obligación de sancionar a quien comete un delito y la necesaria exigencia de apego a los principios de derecho que rigen el proceso penal.

Dijo que los juzgadores quieren contribuir para que la reforma constitucional en materia penal, que dio vida a estos juzgados, sea exitosa y fructífera, “no tanto para tener más convictos, sino para elevar nuestra seguridad y convivencia pacífica y ordenada”.

Por su parte, Medina Mora comentó que estos juzgados, que tendrán residencia en el Distrito Federal pero estarán facultados para atender las peticiones de toda la República, tienen la encomienda de resolver de forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares, y providencias precautorias de la autoridad que requieran control judicial, a la vez que garanticen los derechos de los indiciados, las víctimas y los ofendidos.

 
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