Editorial
Gaza: fin inmediato a los castigos colectivos
El bombardeo aéreo, marítimo y terrestre contra la franja de Gaza por las fuerzas armadas israelíes y su posterior incursión en ese territorio, de por sí devastado, han generado una amplia oleada de protestas y condenas en numerosos países. Ante los miles de muertos y heridos causados por la agresión bélica –civiles indefensos en una amplia proporción–, y ante la negativa de las autoridades de Tel Aviv para permitir el ingreso de observadores internacionales, incluso si se lograra un alto el fuego, en las sociedades cunde la sospecha de que la escalada militar busca diezmar a la población palestina, más que acabar con los lanzamientos de misiles caseros desde Gaza hacia territorio israelí.
En cambio, en los entornos gubernamentales, dominados aún por la histeria antiterrorista creada y mantenida por el gobierno de Estados Unidos desde hace casi ocho años, las peores atrocidades parecieran estar justificadas, con tal de erradicar los atentados –ciertamente condenables– que regularmente perpetran grupos fundamentalistas palestinos contra civiles de Israel, en particular los lanzamientos de cohetes Kassam hacia las localidades de Sderot y Ashkelon.
Con el telón de fondo de la vasta destrucción humana y material que tiene lugar en Gaza se han desarrollado intensas y enconadas polémicas sobre la legitimidad de las medidas adoptadas por Israel –cuyo gobierno alega que son actos de autodefensa–; acerca de si los palestinos tienen derecho a combatir con las armas un régimen que los ha reducido a una situación desesperada de opresión, pobreza y humillación; en cuanto a la utilidad de una guerra que profundiza seis décadas de agravios, e incluso sobre un supuesto matiz antisemita en las condenas y protestas internacionales contra el gobierno de Tel Aviv. Washington y diversos países de Europa occidental pretenden exigir responsabilidades iguales al gobierno israelí y a los grupos palestinos que atacan su territorio, como si estos últimos fueran un Estado constituido, aspiración que ha sido sistemáticamente frustrada por Israel. Se pretende ignorar, así, la aplastante diferencia bélica entre uno y otro bandos, pero también la asimetría moral entre una potencia regional armada hasta los dientes y respaldada por los mayores poderes del mundo y un pueblo despojado de territorio, recursos y perspectivas y sometido a la injusticia estructural, a la arbitrariedad, al atropello y a la negación de sus derechos humanos elementales.
Más allá de tales discusiones, un hecho que violenta la conciencia del mundo es la aplicación regular por Israel de castigos colectivos contra la población en general de Gaza, práctica que a esta hora, cuando a las represalias se une el bombardeo, resulta especialmente devastadora e inhumana.
Debe considerarse, en efecto, que los habitantes de la franja han debido enfrentar el ataque militar en situaciones de extrema precariedad material: sujetos a un férreo bloqueo de las fronteras; carentes de energía eléctrica, agua potable, medicinas, alimentos y telecomunicaciones. Tales condiciones, más otras viejas prácticas israelíes que hoy se recrudecen, son a todas luces violatorias de los Convenios de Ginebra, de los que Tel Aviv es signatario, así como de otros instrumentos de la legalidad internacional. Las fuerzas invasoras, sin embargo, recurren a la destrucción sistemática de viviendas de sospechosos de atacar a Israel; impiden el acceso de enfermos y heridos a servicios elementales de salud; niegan a los pobladores el derecho a abandonar el territorio bajo ataque, así como el abasto de víveres y medicinas.
Se trata, en suma, de acciones intolerables porque retratan a un gobierno que se deja guiar por deseos de venganza y por la determinación de aumentar al máximo los sufrimientos de la población civil, y porque ocurren en un contexto mundial donde, a pesar de los avances civilizatorios, sigue imperando la ley del más fuerte. Las sociedades y los gobiernos del orbe deben exigir un alto inmediato a la barbarie y adoptar con urgencia medidas básicas de protección para la población palestina.