■ Atenderá de forma “reactiva y mediática” los hechos, advierten
Nueva ley de seguridad pública, medida parcial contra la delincuencia: expertos
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en vigor desde hoy, resuelve de forma “parcial” la alta incidencia delictiva que se ha presentado en esta administración federal y obedece a una política criminalística que se va adecuando para atender sólo de forma “reactiva” y “mediática” los acontecimientos, consideraron especialistas en temas de seguridad nacional y narcotráfico.
La nueva ley prevé la creación de áreas de información criminalística y sanciones a los policías que incurran en delitos o incumplan acuerdos nacionales en materia de seguridad y justicia.
La reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión el 11 de diciembre pasado y el presidente Felipe Calderón firmó el decreto respectivo el 30 de diciembre. Con ello se abroga la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la publicación en el Diario Oficial de la Federación se incluyen varios artículos transitorios, especialmente compromisos para crear, en un año, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (para avalar los centros de evaluación), mecanismos gubernamentales para la confiabilidad en sus propios empleados y policías. En un periodo de cuatro años todas las policías del país deberán estar suficientemente evaluadas y certificadas.
El Ejecutivo deberá emitir en un plazo no mayor a 18 meses los reglamentos derivados de la ley en cuestión, así como la convocatoria para la integración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
“Dinámica desperdigada”
Pedro Isnardo de la Cruz, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que esta legislación claramente evidencia la dinámica “desperdigada y carente de consenso real” del gobierno federal en sus acciones, en las que no ha actuado con delicadeza porque ha puesto en juego la vida y trayectoria de servidores públicos, así como la viabilidad de instituciones.
En entrevista, el experto en materia de seguridad nacional dijo que –por ejemplo– al contemplarse en la nueva ley la asignación a los agentes policiacos de facultades que competen al Ministerio Público, se ahondan las “deficiencias estructurales” que arrastra el sistema de justicia en materia de investigación y se posterga la formación de cuadros con esas capacidades.
“La nueva ley atiende a una política reactiva a los acontecimientos y a la incidencia delictiva, que se va renovando con un sistema de corte mediático, en el que se omite la necesidad de construir una política de Estado y una visión estratégica que involucre a actores sociales para que las instituciones cuenten con sólidos pilares, una vez que Calderón concluya su sexenio”, opinó.
Adalberto Santana, investigador y autor del libro Narcotráfico en México, consideró que la nueva ley sólo es una medida aislada que “contendrá relativamente” el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado, particularmente el secuestro, debido a que, a su juicio, el problema que se debe atender de fondo es el económico.