■ Se propone que la protección al proselitismo tenga alcance en todas las entidades

Busca el IFE fiscalizar los recursos de partidos antes del inicio de campañas

■ Según Andrade, aún no se definen los convenios con la Sedena o SSP sobre seguridad

Alonso Urrutia

Una vez que se alcanzó el acuerdo marco para blindar las campañas electorales contra el ingreso de dinero ilícito, ahora el Instituto Federal Electoral (IFE) pretende pactar con los partidos la modificación del enfoque de la fiscalización de sus recursos, a efecto de convertir este ejercicio posterior a las campañas en una práctica preventiva. Asimismo, se pretende ahora avanzar en convenios bilaterales con los institutos electorales locales a efecto de que el blindaje de las campañas no sólo sea en la escala federal, sino también en el plano local.

El consejero electoral Virgilio Andrade sostuvo que el acuerdo alcanzado el lunes por la noche no sólo pretende inhibir el ingreso de dinero ilícito, sino que busca también otorgar mayor seguridad a las elecciones de 2009. Para ello, destacó, se alcanzó el consenso de firmar convenios con diferentes dependencias gubernamentales relacionadas con la seguridad, es decir, Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal, Hacienda y Crédito Público, así como con la Procuraduría General de la República.

Por su parte, el representante del Partido Acción Nacional ante el IFE, Roberto Gil, destacó que, si bien se alcanzó un importante acuerdo entre los partidos, falta concretar reformas al reglamento de fiscalización del IFE que permitan al organismo, por ejemplo, tener mayores facilidades de acceso a los manejos financieros de los partidos y realizar balances de los aportantes a los partidos políticos. Esto, con el objeto de que, de manera aleatoria, pueda el IFE verificar la veracidad de los datos proporcionados y confirmar el origen y destino de los recursos.

De igual forma, el panista indicó que su partido pugnará por que se concreten los acuerdos con los organismos estatales para que el blindaje se concrete de manera integral en las 11 entidades donde se celebrarán elecciones concurrentes. Se trataría de que el IFE coordinara –por sus facultades de fiscalización, especialmente como única instancia a la que no es oponible el secreto bancario– los esfuerzos con los institutos locales para blindar los comicios para gobernadores, congresos locales y alcaldes que se producirán en 2009.

Para el consejero electoral Marco Antonio Gómez el acuerdo permitirá dar a la sociedad mayor confianza en la forma en que se organizan los comicios y en los mecanismos de seguridad que en diversos ámbitos tendrá a partir del acuerdo. Aún faltan detalles, dijo, en materia de fiscalización, como lo concerniente a las declaraciones patrimoniales de los candidatos, el manejo del flujo de efectivo a las campañas, o la realización de auditorías.

El IFE tendrá hasta el 14 de enero para concretar las reformas al reglamento de fiscalización a fin de que puedan ser aplicables a las precampañas de los partidos que empiezan a finales de ese mes. Sin embargo, los partidos deberán emitir convocatorias el día 15, donde establecerán las reglas de las contiendas, incluidas las referidas al financiamiento.

Andrade explicó que, si bien se tiene gran parte avanzada, existen temas centrales pendientes; en especial, la pretensión de modificar el enfoque de la fiscalización. Actualmente esto se produce –dijo– una vez concluidas las contiendas, ya que se sustenta en informes y auditorías, situación que pretende modificarse a efecto de darle un carácter más preventivo.

Otro aspecto es la revisión y eventual modificación del monto máximo en efectivo que pueden manejar los partidos durante las campañas, dado que existe preocupación sobre el particular. Al respecto, Gil destacó la necesidad de que se pueda realmente canalizar la mayor parte de los recursos de las campañas a través de operaciones bancarias.

Más allá de los aspectos financieros, el acuerdo permitirá que el IFE alcance convenios con el Poder Ejecutivo para dotar de mayor seguridad a todas las fases del proceso electoral, y si bien aún hace falta determinar detalles y alcances de los convenios con la Sedena o la SSP, es posible, señaló Andrade, que en algunos casos se pudiera dar garantías especiales a una zona o un candidato en riesgo, “aunque eso dependerá de los términos en que el IFE pacte los convenios”.

Sin duda, manifestó, existen ámbitos, como el de las averiguaciones previas, las labores de inteligencia o los operativos de seguridad, que forman parte de las atribuciones del Ejecutivo federal, por lo que los términos de la colaboración con dichas dependencias habrán de conocerse después. El consejero señaló que aún no está determinado si será un acuerdo marco con el gobierno federal o con cada una de las secretarías.

Respecto de los convenios con los institutos electorales locales, en gran medida dependerán de las decisiones que adopte cada uno a partir de la autonomía con que cuentan. Sin embargo, recordó que el IFE es la única instancia que la ley faculta para que, en materia de fiscalización, no le sean oponibles el secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo que haría suponer la necesidad de establecer estos convenios.