Derechos humanos y justicialidad
Un aniversario más de la emblemática Declaración Universal de Derechos Humanos y los valores fundamentales que propugna siguen como un horizonte básico de garantías, ante todo como una aspiración. El desarrollo normativo internacional de derechos humanos en 60 años es muy amplio, de tal manera que se han llegado a plantear varias generaciones de garantías, expresión inadecuada, pues supone un orden o una prelación que nada tiene que ver con la noción de integralidad de los derechos económicos, sociales, culturales (DESC) y los políticos.
La muy extensa doctrina en esta materia, los debates conceptuales, algunas sentencias significativas de tribunales como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pueden sustituir la necesidad de realizar un balance sobre la justiciabilidad de los derechos, tema que nos lleva directamente a un escenario de preocupación, pues de la ocupación ya dan cuenta las defensoras y defensores que se enfrentan a la criminalización de su labor de manera específica cuando acompañan movimientos sociales.
El pasado 5 de diciembre se realizaron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM varias mesas redondas sobre la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos en el marco de la presencia en México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su presidenta Cecilia Medina Quiroga fue enfática al señalar que los estados deben cumplir determinados estándares “no sólo en ordenamientos jurídicos, sino en las prácticas”.
Es bien conocido un fenómeno que lamentablemente se presenta en nuestros países de producir leyes para no acatarlas. Esta situación se agudiza cuando prevalece un sistema dualista como en México, donde el enfoque limitado del actual artículo 133 constitucional impide en la práctica la incorporación del derecho internacional en el plano interno.
Como sabemos, el terreno de la justiciabilidad involucra de lleno al espacio estatal y de manera indirecta al de los organismos internacionales de derechos humanos, que por más que reivindiquen adhesión a esas normas, en última instancia sus representantes se ven presionados o determinados por las posturas que adoptan los gobiernos en turno. Ése es el foco rojo al que habrá que dedicar los máximos esfuerzos y entraña sin duda situaciones complejas, pues, por una parte, las demandas sociales en esta materia con frecuencia entran en conflicto con políticas neoliberales y proyectos estatales de manera que “la razón de Estado” se hace valer por encima de los derechos cuyo respeto se exige.
Por otro lado, nos encontramos con el grave peligro de que se produzca una suerte de “desencanto social” sobre el sentido mismo de los derechos al relacionarlos con un mero discurso sin apego a realidades. ¿Cuántas veces nos han señalado que los derechos son únicamente palabras muy bonitas? Y esto sucede en todo tipo de derechos, igual en los DESC, los relativos a pueblos indígenas, y ni qué decir de los derechos políticos, donde el desencuentro profundo con los partidos políticos a ratos parece camino sin retorno.
El panorama en nuestro país ciertamente es sombrío. Siempre está presente la famosa expresión atribuida a quien fuera presidente de la República, José López Portillo: aquello de “ver el vaso medio lleno o medio vacío”. Los avances logrados en derechos humanos obedecen a la labor tenaz y comprometida de las defensoras y los defensores de derechos humanos que utilizan todos los recursos jurídicos a su alcance tanto dentro como fuera del país. Pero estamos atrapados en la nota roja en que se ha convertido la información política, acorde a la prioridad definida por el calderonismo. Con ello se “informa” la ciudadanía, con ello alimenta sus miedos y se inocula la convicción de que necesitamos “mano dura”; no es casual que se haya intentado reabrir el debate legislativo sobre la pena de muerte ante lo cual por fortuna se ha presentado un muy amplio y plural rechazo en los medios.
En realidad no podemos esperar un escenario distinto para los derechos humanos cuando el gobierno actual padece de un vicio de origen en cuanto a su legitimidad. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 que presentó la Secretaría de Gobernación deberá ser objeto de análisis detallado; sin embargo, no se observa un acompañamiento de los organismos civiles de derechos humanos, pues aún no se reponen del fiasco en que concluyó su participación durante el foxismo.
Y si de aniversarios hablamos se acerca uno más de la masacre de Acteal en Chiapas y otro de aquel Ya basta que cimbró al país y al mundo el primero de enero de 1994. Lo dicho: antes que meras efemérides requerimos justicia en todos los casos, para todas las víctimas.
A Doña Amalia Solórzano. In Memoriam