Editorial
Pemex: pérdidas y opacidad
De acuerdo con información oficial, Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios tuvieron pérdidas por más de 6 mil millones de pesos en el tercer trimestre de 2008, como consecuencia de operaciones especulativas en los mercados financieros, en particular por la contratación de instrumentos derivados de cobertura al precio del gas natural.
La noticia es sumamente preocupante: si bien la cantidad no parece significativa en comparación con el volumen de capital que maneja Pemex –la empresa generó, entre enero y octubre del presente año, un total de 40 mil 420 millones de dólares por las ventas de crudo al exterior–, la de por sí complicada situación financiera de la paraestatal y la exagerada carga fiscal que pesa sobre el organismo no le dejan margen alguno para pérdidas adicionales, independientemente del tamaño de éstas. Asimismo, si se toma en cuenta que el pasado octubre ha sido uno de los meses más volátiles de la historia para los mercados financieros mundiales, es de suponer que las pérdidas sufridas por Pemex en ese ámbito pudieran ser mayores a las referidas.
Por otra parte, la información que se comenta plantea severos cuestionamientos en torno a la transparencia con que se manejan las finanzas de la paraestatal: hasta ahora, se sabe que la contratación de derivados financieros está generando pérdidas a la empresa, pero se ignora hasta qué punto éstas podrían multiplicarse a niveles alarmantes y representar una amenaza mayúscula para la paraestatal y, en consecuencia, para las finanzas nacionales. De igual forma, se desconoce qué tan enterado está el Legislativo con respecto a ese tipo de operaciones de riesgo y es inevitable recordar, a ese respecto, la turbiedad con que se condujo el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, quien durante meses omitió informar, al Congreso y a la opinión pública, sobre la contratación de derivados financieros como “coberturas” para garantizar los ingresos por la venta de crudo durante el año entrante en 70 dólares por barril.
Tal actitud, por lo demás, se inserta en la larga cadena de distorsiones y ocultamientos con que el gobierno federal se ha manejado en los últimos meses en torno al tema petrolero: al presentar, a instancias de la Secretaría de Energía y la dirección de Pemex, un “diagnóstico” alarmista con el evidente fin de justificar el ingreso de capital privado a la industria nacional de los hidrocarburos; al intentar persuadir a la sociedad, por medio de una campaña publicitaria, sobre la necesidad de acceder al “tesoro en aguas profundas”; al afirmar, un día antes de la entrega de la iniciativa de reforma petrolera, que no se tenía “ni idea” de cuándo se presentaría; al sostener que el proyecto entregado al Senado el 8 de abril no era privatizador, y al celebrar la aprobación de una reforma que, si bien no estipula la apertura de la industria petrolera nacional a los capitales privados –como sí lo hacía la iniciativa de Felipe Calderón–, acusa ambigüedades que dan fundamento a las sospechas de que se pretende una privatización encubierta de segmentos enteros de Pemex y de franjas del territorio nacional.
En suma, la opacidad emblemática de la presente administración no sólo resulta ominosa en términos políticos –por cuanto erosiona el diálogo entre los distintos actores y merma, de cara a la opinión pública, la credibilidad y la seriedad del grupo gobernante–, sino que es además nociva para las finanzas nacionales, como lo muestran los datos referidos. Se requiere, pues, mayor control y transparencia por parte de las autoridades competentes con relación al manejo de los recursos de la paraestatal: éstos, a fin de cuentas, provienen de la explotación del patrimonio nacional y la información en torno a su empleo compete, por tanto, a todos los mexicanos.