■ Insuficiente, limpiar corporaciones, sostiene Édgar Cortez
Critican ONG fallas del Estado para garantizar el acceso a justicia pronta
Al no contrarrestar la complicidad de funcionarios públicos –sobre todo de dependencias de procuración de justicia y policiacas– con bandas del crimen organizado, y ante la falta de capacidad institucional para combatirlo, el Estado mexicano vulnera uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía: el acceso a una justicia pronta, expedita y objetiva ante crímenes cometidos por la delincuencia organizada, como el secuestro, señalaron defensores de derechos humanos.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), señaló que contrario a reducir los delitos, el incremento de sanciones contra delincuentes, como la propuesta de pena de muerte a secuestradores, “hace que las víctimas sean asesinadas ante el temor de los plagiarios a ser identificados”.
El activista indicó que esas sanciones no protegen los intereses de las víctimas y propicia que los victimarios opten por ejecutarlas. “Con esto se vulneran los derechos de los ciudadanos.”
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, indicó que no basta con limpieza de corporaciones policiacas para evitar la complicidad de autoridades con la delincuencia, sino que se deben emprender acciones “más contundentes”, como la creación de nuevas instituciones de procuración e impartición de justicia.
Indicó que la falta de capacidad del Estado para combatir el crimen o la complicidad que funcionarios públicos tienen con las bandas delictivas relegan a un estado de indefensión a la ciudadanía, lo que fortalece “la realidad de impunidad que actualmente vive el país”.
Cortez agregó que hoy las procuradurías y policías han dejado de ser instituciones al servicio de la sociedad para dedicarse a cuidar, proteger y garantizar impunidad a los delincuentes.
Resaltó que el Estado tiene la obligación de garantizar instituciones de impartición de justicia objetivas e imparciales para que realicen un trabajo pronto expedito y objetivo.
“Al no cumplir con esto se vulnera el derecho de acceso a la justicia. Se ha criticado que los defensores de las garantías fundamentales defendemos los derechos de los delincuentes, pero en realidad lo que debe defenderse es el acceso a la justicia, ya sea para la víctima o para los presuntos responsables”, concluyó el activista.