■ Siguen indagaciones de la SFP sobre la nave en que falleció Mouriño
Prevén cese de varios funcionarios relacionados con compra del Learjet
La Secretaría de la Función Pública (SFP) continúa la investigación respecto a posibles irregularidades en los procesos de licitación para la compra y servicio del Learjet 45 en que murió Juan Camilo Mouriño, el cual fue adquirido seminuevo por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en diciembre de 2003, pero a un costo equiparable al de una aeronave nueva.
Documentos que analiza la SFP indican que la Secretaría de Gobernación (SG) no ha hecho públicos los estudios de mercado con base en los cuales debió haberse adquirido el aparato, que estuvo en poder y bajo la responsabilidad del gobierno mexicano desde 2003 y hasta su desplome, el pasado 4 de noviembre.
Una de las áreas sometidas a riguroso análisis es la Dirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios de la SG, encabezada por Carlos Alfredo Jurandini Rumilla, quien participó directamente en la elaboración de las bases de licitación para adquirir el aparato.
Hasta ahora, son 16 los muertos por la caída del avión. Cabe detallar que la compra de la aeronave pasó por dos etapas administrativas. Primero, en el Cisen, una licitación para determinar la empresa que gestionaría su adquisición y el posterior contrato para el servicio y mantenimiento de la misma. Segundo, un nuevo concurso para determinar, ya en manos de las oficinas centrales de Gobernación, qué empresa se haría cargo de su operación integral.
No se descarta que en breve diversos funcionarios involucrados en los procesos administrativos sean suspendidos de sus funciones. Fuentes consultadas señalaron que los datos solicitados en torno al Learjet 45 –por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública– empezarán a ser liberados la semana entrante y, en ese mismo lapso, la SFP tomaría los primeros resolutivos.
En los últimos días de 2007, la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva obtuvo el contrato por 11.8 millones de pesos, con vigencia de enero a diciembre de 2008; esa compañía actualmente se encuentra impedida para operar, de acuerdo con una orden de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Como ha difundido este diario, la compra del Learjet 45 se realizó en un proceso no mayor a un mes, de acuerdo con la premura impuesta –en diciembre de 2003– por el Cisen, a cargo de Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República. Durante ese lapso y cuatro años después, cuando el aparato fue trasladado administrativamente a Gobernación, el titular de la dependencia era Santiago Creel Miranda, ahora senador.
Parte de las denuncias que revisa la SFP se relacionan precisamente con la compra (por el Cisen) de una aeronave usada, en 79 millones de pesos, esto es, un precio similar al de un Learjet 45 nuevo que, en tales condiciones, tenía incluida garantía más amplia e incluso capacitación para pilotos.
Respecto a la adquisición fast track (a cargo de la empresa Servicios Aéreos Estrella), la SFP deberá también investigar los pasos seguidos para la compra del aparato en sólo 15 días.
De igual forma, se desconocen los detalles del registro mecánico del jet, tanto de las horas de vuelo con que fue adquirido en Suiza como del récord de su vida útil y de los procedimientos realizados antes del accidente. Tampoco han sido exhibidos los documentos que avalen la compra precisamente de ese modelo, aun cuando había alertas emitidas en Estados Unidos acerca de una posible falla de origen en un tornillo estabilizador.