México SA
■ El campo mexicano, cada día peor
■ Hay menos tierras de cultivo que hace 16 años
El campo mexicano, reza la versión oficial, se ha “modernizado” y va de maravilla; la real, que cada día está peor y el TLCAN lo descuartiza. ¿Cuál es la buena? El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados ayuda y documenta para elegir correctamente, en esta segunda entrega de los Saldos de las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional.
El reparto social de tierras tiene varias implicaciones que contravienen los propósitos que se pretendían alcanzar con las modificaciones al 27 constitucional: se fraccionó más la tierra. Ahora existen más sujetos en prácticamente la misma tierra y con predios más pequeños. El promedio de superficie parcelada pasó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto agrario. El objetivo de promover unidades de producción (UP) más grandes que permitieran economías de mayor escala ahora se encuentra más lejos de alcanzar, lo que obliga a pensar en políticas públicas que reconozcan al minifundio como la UP predominante en nuestro país.
Continúa la incertidumbre en la tenencia de la tierra. La aceptación bajo mecanismos no establecidos en la normatividad agraria de nuevos sujetos agrarios genera incertidumbre. Dos ejemplos de lo anterior son: el Registro Agrario Nacional regularizó a 610 mil 975 posesionarios (sujetos agrarios no reconocidos en la actual Ley Agraria). Por su parte, el Censo Ejidal 2007 identificó a 1.4 millones de posesionarios, 136 por ciento más de lo reportado por el RAN para el mismo periodo, los cuales no cuentan con documentos que avalen la posesión de sus tierras al interior de los ejidos y comunidades ya que no fueron regularizados por el Procede.
El Inegi identificó que en 11 mil 361 núcleos agrarios compraron tierras personas ajenas al ejido, lo que contraviene el artículo 80 de la Ley Agraria que a la letra dice “los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población…” Los datos anteriores obligan a preguntarnos una vez más en manos de quién está la tierra y cuál es la situación jurídica de sus ocupantes. También nos obliga a pensar sobre la pertinencia de emprender un barrido catastral para regularizar la tenencia de la tierra de sus actuales poseedores y del papel real que debe jugar la Procuraduría Agraria pues su presencia no logró frenar las irregularidades en las formas de acceso a la tierra.
El minifundio en lugar de revertirse, como pretendían las reformas de 1992, se acentuó y mantiene una tendencia creciente. De 1992 a 2001 la superficie parcelada por sujeto agrario pasó de 9.1 a 8.5 hectáreas y para 2007 había disminuido a 7.5 hectáreas. En 16 años los predios de ejidatarios y comuneros perdieron el 21 por ciento de su tamaño. En el caso de los posesionarios, de acuerdo con las estadísticas del sector agrario, la situación es aún más grave pues cuentan con predios promedio de cuatro hectáreas por sujeto.
Lo anterior significa que actualmente existen un mayor número de ejidatarios y comuneros que no se pueden sostener del trabajo de la tierra respecto de los que había en 1992, porque no se revirtió el minifundio sino se acrecentó. Es importante recordar que el minifundio está presente en ambos regímenes de tenencia de la tierra (ejidal y privado) y no va a desaparecer en los próximos años. Hay que esforzarse para que este tipo de unidad sea viable en un futuro. Se requiere construir políticas acordes con este tipo de unidades de producción, realizar investigación que dé respuesta a sus requerimientos tecnológicos y construir normas jurídicas que la protejan y la impulsen.
Con las modificaciones de 1992 se esperaba que la eliminación de normas restrictivas, acompañada de la regularización de la tenencia de la tierra, generara un ambiente propicio para el desarrollo del campo mexicano y por lo tanto se contaría con una mayor inversión productiva tanto del gobierno como del sector privado. Pues bien, tampoco se alcanzó el propósito de capitalizar a los ejidos y comunidades. En estos 16 años disminuyó la superficie de labor, el número de bordos para abrevadero, la existencia de tractores, el equipamiento ganadero y el número de bodegas por núcleo agrario. En 2008, por su rezago tecnológico, la propiedad “social” enfrenta mayores dificultades para competir que en 1991. Tampoco puede dar respuesta a las necesidades crecientes de alimentos que requiere el país, en momentos de crisis alimentaria mundial. Es necesario revertir dicha tendencia y ver a los ejidos y comunidades como la base para lograr la soberanía y seguridad alimentaria. Recordemos que bajo esta forma de tenencia de la tierra se encuentra la mitad del territorio nacional.
De acuerdo con su destino se encontró que en 1991 los ejidos y comunidades contaban con 22.7 millones de hectáreas de labor mientras que en 2007 apenas se llegó a 20.5 millones de hectáreas. Lo contrastante es que actualmente hay mayor superficie parcelada que la que se tenía hace 16 años y menos superficie sembrada. Se continúan desmontando tierras de bosques o selvas para abrirlas al cultivo, sin reconocer que no tienen dicha vocación. Los bajos rendimientos que se obtienen en este tipo de tierras conducen invariablemente a su abandono con la consecuente pérdida de importantes recursos naturales.
En el periodo analizado, 11 mil 906 ejidos y comunidades dejaron de tener tractores propios; 5 mil 396 trilladoras, 4 mil 156 equipos o instalaciones de baño garrapaticida, 2 mil 955 equipos o instalaciones de ordeña, 469 equipos o instalaciones de nave para aves y 615 equipos o instalaciones de nave para cerdos. Además, los núcleos agrarios con bordos para abrevadero disminuyeron de 8 mil 545 a 7 mil 833.
Los núcleos agrarios con bodegas disminuyeron 101; la cantidad de bodegas pasó de 7 mil 597 a 7 mil 451 y la superficie bajo este rubro se redujo en 4.6 millones de metros cuadrados. En muy pocos años se perdió gran parte de esta infraestructura, con lo que disminuyeron las posibilidades de que los ejidos y comunidades puedan darle valor agregado a su producción.
En cuanto a la disponibilidad de agua de riego, en 1991 se registraron 2 millones de hectáreas con riego; en 2007, 3.7 millones. Aumentó el número de pozos para riego de 3 mil 859 a 4 mil 874. Aún así, una mayor superficie irrigada no se reflejó en mayor número de hectáreas cultivadas. Por el contrario, la superficie de labor disminuyó en 2.2 millones de hectáreas.
Poco más de tres lustros después, en lugar de avanzar tecnológicamente se retrocedió. En estas condiciones, ejidos y comunidades tienen ahora mayores dificultades para competir en los mercados globales que en 1991.
Las rebanadas del pastel
¿Qué tal la “modernización” del campo? Tan efectiva y exitosa como las demás “modernizaciones”.