Delitos ambientales deben ser considerados crimen organizado
Delitos ambientales, como el tráfico de especies o la tala clandestina, deben ser tipificados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y recibir penas más severas, señaló Salvador Muñuzuri director del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA), en la firma de un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Tras precisar que en el país hay sólo siete procuradores estatales del ramo, agregó que la Profepa debería ser un organismo autónomo del gobierno federal; en este momento, afirmó, ya hay varias iniciativas con esta intención, algunas pretenden que sea ombudsman ambiental, pero deberán valorar cuál es la figura adecuada y que tenga los recursos necesarios para cumplir su función.
El titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada, señaló en la firma del Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y el CEJA, que este acuerdo tiene el propósito de “promover el cumplimiento estricto de la ley, impartiendo justicia ambiental e inhibiendo la comisión de delitos ambientales”.
Gerardo Laveaga Rendón, director general del INACIPE, sostuvo que un procurador debe ser valiente y tener conocimientos técnicos y jurídicos suficientes. Dijo que con este convenio se busca preparar a los trabajadores de la Profepa para que elaboren correctamente los dictámenes y peritajes, de modo que quienes sean sorprendidos causando daños ecológicos, sean consignados y reciban el castigo que las leyes señalan.
El convenio, con duración de tres años, tiene como fin que especialistas del INACIPE y del CEJA impartan cursos en línea a personal de la Profepa en torno a la criminalística ambiental y la vida silvestre.
Patrón Laviada también se refirió a que se mantienen las clausuras y procesos jurídicos en los parques de Tulum y Cumbres de Monterrey, ya que se busca un cumplimiento esctricto de la ley ambiental.