Usted está aquí: jueves 11 de diciembre de 2008 Estados Ombudsman de Morelos tolera abusos: ONG

Ombudsman de Morelos tolera abusos: ONG

Rubicela Morelos Cruz, corresponsal

Cuernavaca, Mor., 10 de diciembre. Integrantes del Frente Morelense Contra la Represión y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos irrumpieron en uno de los salones del Palacio de Cortés, donde se realizaba el acto conmemorativo del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, para denunciar que el gobierno estatal, encabezado por el panista Marco Antonio Adame Castillo, viola reiteradamente las garantías individuales de ciudadanos de diversos sectores, con “el silencio cómplice” de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.

Los manifestantes protestaron primero fuera del inmueble, en el zócalo de esta capital, y algunos lograron entrar al salón, donde extendieron una manta que decía: “¡Por una ley de Amnistía para presos y desaparecidos políticos! ¡Alto a la represión, la militarización y la criminalización de los movimientos sociales! ¡Solidaridad y unidad de luchas del magisterio, pueblos indígenas y mujeres! ¡En defensa de los derechos humanos y la paz con justicia y dignidad!”

El acto oficial fue presidido por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fausto Gutiérrez Aragón; el procurador de Justicia del estado, Francisco Coronato Rodríguez, y diputados locales del Partido Acción Nacional. Los miembros de Frente Morelense Contra la Represión y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos gritaron consignas para exigir que se cumpla la declaratoria universal.

Entregaron un documento a los integrantes del presídium, en el cual preguntan a quién sirve la comisión de Derechos Humanos de Morelos y la acusan de ser “cómplice por omisión” de diversos atropellos.

Argumentaron que algunas quejas llevan más de 18 meses sin que la comisión emita recomendación alguna. Un caso es la denuncia que se presentó por la presencia de soldados en retenes y en las calles de Cuernavaca y otros municipios. “No sabemos si la turnaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o si la tienen archivada”, dijo José Martínez, uno de los activistas.

 
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